El constructor detenido por su presunta vinculación con la muerte de la empresaria de Sabiñánigo (Huesca) María Pilar Blasco, cuyo cadáver apareció atado y amordazado en el interior de un canal próximo a la población, declarará mañana ante el juez de Jaca que investiga el caso. Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el instructor sólo prevé tomar declaración mañana al constructor, por lo que la comparecencia de las cinco personas de nacionalidad rumanas detenidas ayer por su supuesta relación con el caso se producirá en los días siguientes.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Jaca tomó la decisión de solicitar la presencia del constructor, cuya detención se prorrogó automáticamente el mediodía de hoy al vencer las 72 horas de plazo establecidas por ley, después de conocer el informe previo elaborado por el equipo judicial de la Guardia Civil. Estos plazos máximos de detención le permiten al instructor retrasar la comparecencia de los cinco rumanos detenidos hasta comienzos de la semana próxima.
La localización del cadáver de la empresaria con signos de violencia, el pasado sábado en el interior del canal del embalse de Jabarrella, a unos 15 kilómetros de Sabiñánigo, dirigió de forma casi inmediata las pesquisas de los investigadores al constructor detenido, Francisco Javier P.J., de 48 años. Las deudas acumuladas por este empresario, un subcontratista que operaba en la zona y objeto de numerosos apremios y notificaciones de embargo por impago de deudas, fueron uno de los hilos conductores de la investigación. Los investigadores de la Guardia Civil verificaron, además, que desde la empresa familiar de suministro de material de construcción en la que trabajaba la víctima, casada y con tres hijos, se había requerido por carta al constructor para que hiciera efectivo el pago de las deudas contraídas.
Fuentes de la investigación confirmaron la existencia de indicios que vinculan a todos los detenidos con la muerte de la empresaria, pero no desvelaron los vínculos existentes entre el constructor, Francisco Javier P.J, de 48 años, y el grupo de rumanos. Tampoco indicaron si alguno de los rumanos detenidos trabajó para el constructor en su empresa tras alegar que dichos datos forman parte del secreto de sumario ordenado por el instructor del caso.
La empresaria desapareció a primeras horas de la tarde del pasado día 10 cuando se dirigía a su puesto de trabajo desde su domicilio, cercano al del subcontratista detenido. El cadáver de la empresaria, que pudo ser arrojada viva al canal, según los investigadores, fue localizado unos días después, el pasado sábado, por una persona que pasaba por la zona y que avistó el cuerpo. El constructor, cliente de la empresa familiar de la víctima y con problemas financieros, fue detenido dos días más tarde en una vía pública de Sabiñánigo.
El último de los apercibimientos dictado contra él fue publicado el pasado día 3 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Huesca, una semana antes de producirse la desaparición de la víctima. El Boletín hace pública una resolución de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería de la Seguridad Social de Huesca que acuerda contra el detenido la ampliación de un embargo anterior para hacer frente a una nueva deuda de 7.587 euros. La labor de los investigadores se centra en determinar si el robo es la principal causa del crimen, o si pudo tratarse de un secuestro fallido que terminó con la muerte de la empresaria.
Con todo, las fuentes consultadas se inclinan por valorar que la mujer fue víctima de un secuestro por parte de unas personas que decidieron librarse de la empresaria al carecer de medios para ocultarse y pasar desapercibidos.
