El Gobierno aragonés y los operadores de la Justicia aún no se han puesto de acuerdo sobre la reubicación de las sedes judiciales en Zaragoza. Así se puso ayer de manifiesto durante la jornada maratoniana de reuniones que mantuvo el consejero Rogelio Silva con los representantes de todos los colectivos implicados para conocer su opinión sobre las posibles alternativas.

Entre otros interlocutores, Silva se reunió en la sede de la Consejería con los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, asociaciones de jueces y de fiscales, Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fiscalía, Audiencia, Juez Decano, Instituto de Medicina Legal y Abogacía del Estado en tres encuentros distintos.

El consejero expuso a los operadores el proyecto de la DGA de construir un edificio en la calle Galo Ponte para albergar la Audiencia, mientras que el TSJA y la Fiscalía se mantendría en el palacio de los Luna. Por otra parte, toda la jurisdicción penal se trasladaría al recinto de Ranillas (Expo), donde se habilitaría un espacio de 20.000 metros cuadrados, y el resto de órganos judiciales se reagruparía en la actual sede de la plaza del Pilar. En una segunda fase, todos se unificarían en Ranillas, pero este final es a largo plazo.

De esta forma, irían a los edificios de la Expo los juzgados de Instrucción, Penal, Violencia de Género, Vigilancia Penitenciaria y Menores. también se instalaría en este espacio el Juzgado de Guardia.

En la plaza del Pilar quedarían el Registro Social y los órganos de lo Social, Contencioso Administrativo, Mercantil, Primera Instancia y Familia. Previsiblemente, también sería esta la sede de la Oficina judicial.

Según explicó el consejero a sus interlocutores, el proyecto se plantea con el horizonte del 2011, año en el que vencen los contratos de arrendamiento de las distintas sedes judiciales existentes en la actualidad, que el Gobierno aragonés no planea renovar. En el marco de esta exposición queda sin resolver que se hará con los edificios catalogados de la Imprenta Blasco y el palacio Fuenclara, aunque no se renuncia a ellos para afectarlos a Justicia.

Ninguno de los operadores manifestó su conformidad con el proyecto de doble sede, aunque algunos interlocutores manifestaron que podría ser asumible, aunque no como opción definitiva.

Sin embargo, todos coincidieron en que la única solución a medio y largo plazo es la Ciudad de la Justicia, la ubicación de todos los órganos judiciales en un solo lugar, con independencia de dónde esté.

SOLUCIÓN PACÍFICA Los representantes de los magistrados, para quienes la propuesta del consejero es una solución "pacífica", siempre preferible a los proyectos que manejaba hasta el pasado verano su departamento, ya hicieron saber que su opción sigue siendo un espacio único, la Ciudad de la Justicia, con todos los órganos judiciales unidos.

Para el Colegio de Procuradores, esta unidad de espacio es prioritaria, según explicó su decano, Luis Ignacio Ortega Alcubierre. "No se trata de una solución a tres años, sino de una opción consensuada entre todos los partidos del arco parlamentario y que se plantée como proyecto a largo plazo de 25 o 30 años", declaró.

En el mismo sentido se pronunció Ignacio Gutiérrez Arrudi, decano del Colegio de abogados de Zaragoza, que fue contundente: "Es preferible que se recupere el concepto de Distrito de la Justicia a la solución de dividir los juzgados. La doble sede judicial propuesta por la DGA no es una solución de futuro, porque seguiríamos emigrando al cabo de tres o cinco años", manifestó.

En su opinión, el traslado parcial a terrenos de la Expo sugiere "una solución coyuntural en la que el único propósito es ahorrase el alto coste de los alquileres de las sedes actuales".

No obstante, los abogados tampoco creen posible que se puedan ocupar los edificios catalogados para sedes judiciales. En este sentido, lanzaron una alternativa novedosa a la Expo en la reunión. Según Gutiérrez Arrudi, "el Gobierno aragonés podría negociar una permuta con el Arzobispado sobre los edificios para residencias que este tiene en la plaza del Pilar y que ahora cuentan con una escasa ocupación. Con las dimensiones de estos inmuebles se podría construir una solución a 30 años, o más, y acabar con la Justicia itinerante en esta capital".

CONSULTAS Los representantes de los distintos colectivos manifestaron su interés en consultar las propuestas y alternativas con los mismos para que se pronuncien. La Consejería de Justicia elaborará un escrito con los asuntos tratados en las reuniones que se llevará tanto a la Junta de Jueces como a las asambleas de los distintos colegios y organizaciones afectadas durante las próximas semanas.