Cuando se inauguró la ampliación de los juzgados de la plaza del Pilar hace quince años, siendo ministro del ramo Tomás de la Cuadra Salcedo, los operadores jurídicos de Zaragoza lanzaron un respiro. Se acabó la dispersión judicial. Entonces, había cinco sedes judiciales en la capital, con varios juzgados de Instrucción en un destartalado edificio de la calle San Andrés, y los órganos de lo Social en la de Capitán Portolés, además de la de Menores, en La Gasca; la sede del TSJA y la Audiencia, en Coso; y el inmueble de la plaza del Pilar, que acogía a los órganos civiles, parte de los de Instrucción, Vigilancia Penitenciaria, Juzgado de Guardia y Registro Civil. Quedaron reducidas a tres. Sin embargo, todo era un parche que apenas se sostuvo una década. Hoy hay siete sedes y en todas se está apretado. En algunos casos, como en el palacio de los Luna y en el de Menores número uno, que incluye la Fiscalía de esta jurisdicción, se produce una situación agobiante. El Registro Civil, el órgano judicial más visitado por los ciudadanos tuvo que pasar hace unos meses al edificio Plaza, mientras que su salón de bodas sigue en la plaza del Pilar, donde también está prevista la instalación de la Oficina Judicial cuando se constituya de una vez. Incluso los dos juzgados de Menores están en edificios y direcciones distintas y en el inmueble de la Adriática no hay lugar para meter el segundo Mercantil y tampoco puede albergar todos los juzgados de lo Contencioso. No les faltan argumentos a los operadores jurídicos cuando reclaman una mayor seriedad para la Administración de Justicia en interés de un buen servicio al ciudadano, el usuario, que en la actualidad va como en un tiovivo, de un lado para otro hasta que acierta con el juzgado que busca.
