Prisión sin fianza. El juez de La Almunia, Alfredo Lajusticia, ordenó pasadas las dos de la madrugada de hoy el ingreso en la cárcel de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla Bielsa, a la que el fiscal imputa una retahíla de delitos presuntamente cometidos por dirigir una trama de corrupción urbanística que habría operado en los últimos años en el municipio que gobierna desde 1987: tráfico de influencias, malversación, cobro de sobornos y comisiones, blanqueo, revelación de secretos, uso de información privilegiada y negociaciones prohibidas.
Pinilla, que fue trasladada al juzgado a primera hora de la tarde, respondió a todas las preguntas que le formularon el fiscal, el juez y su defensa durante más de cuatro horas. "Está cansada y agotada", dijo su abogado, Javier Notivoli, que anotó que "confía en su inocencia".
Por el contrario, Julián de Miguel Ortega, presidente de Aranade, eludió la prisión al depositar, como fianza, una aval de 120.000 euros trasladado de madrugada por personal de una entidad financiera zaragozana. El fiscal imputa al responsable de la empresa que promovió las primeras fases del polígono industrial Centrovía y que desde hace unos años gestiona la Sociedad Urbanística Municipal de La Muela --la empresa que negocia con el vasto patrimonio de suelos que posee el consistorio-- cobro de comisiones, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Testificó durante más de tres horas.
En el caso de Antonio Embarba, marido de Pinilla, el magistrado decidió, pasada la medianoche, posponer hasta hoy su declaración al considerar que puede resultar incompatible --y por lo tanto causa de indefensión-- que le defienda el mismo letrado que a su mujer --Javier Notivoli-- ya que sus intereses procesales podrían colisionar. Testificará con otro abogado.
Por la mañana, el juez interrogó a otros tres detenidos. Francisco Aramburu, ejecutivo de la firma que promueve la sexta fase del polígono Centrovía --Sagain--, fue acusado por el fiscal de uso de información privilegiada. El fiscal apreció en la conducta del arquitecto municipal, Francisco Núñez del Castillo, indicios de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La misma imputación que hizo sobre Carmelo Aured, exalcalde y primo de Pinilla.
El interrogatorio de Embarba cerrará hoy la primera fase de la Operación Molino, en la que llevaban trabajando un año efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, la Agencia Tributaria y el Banco de España.
Las pesquisas, que incluyeron una intensa labor de escuchas telefónicas en los últimos cuatro meses, pusieron a los investigadores tras la pista de movimientos millonarios de dinero presuntamente vinculados con operaciones urbanísticas irregulares en el municipio e hicieron aflorar rastros de inversiones de los sospechosos tanto en España --Madrid y Andalucía, principalmente-- como en el extranjero --básicamente en el Caribe--. Los agentes tratan de esclarecer si el dinero proviene del cobro de comisiones por operaciones inmobiliarias y de peajes por agilizar trámites.
Las diligencias incluyeron, el viernes, la intervención de documentos y dinero en efectivo en una caja de seguridad de Pinilla localizada en una entidad de crédito zaragozana.
La operación incluyó la detención de siete empresarios de la construcción: cuatro zaragozanos que han efectuado promociones residenciales en La Muela y que están imputados por el pago de sobornos; cuatro directivos del grupo madrileño Brocover --uno de ellos, José Carlos Fernández Delgado, encarcelado por blanqueo, falsificación y pago de sobornos--, que está a punto de iniciar las obras de 800 viviendas en el llamado Sector Residencial SR-1 del pueblo, y Aramburu.
El resto de los detenidos forma tres grupos. El vinculado al consistorio, integrado por el concejal Juan Carlos Rodrigo --preso desde la madrugada del sábado--, el secretario y el arquitecto. El de los familiares de Pinilla: su hijo mediano Víctor y su primo y exalcalde Carmelo Aured. Y, por último, María Jesús Velilla, responsable de una asesoría vinculada con Brocover, y su hijo Antonio Royo, escolta del consejero de Medio Ambiente y exempresario inmobiliario que en los últimos años se interesaba por la tramitación de expedientes relacionados con proyectos urbanísticos en La Muela.
