En Zaragoza no existe un problema grave de prostitución en las calles comparable con lo que sucede en Madrid o Barcelona, pero, independientemente de ello, el vicealcalde, Fernando Gimeno, consideró ayer que el Gobierno central o la DGA deben regular legislativamente esta práctica para sacarla de las calles. "El Ayuntamiento de Zaragoza no va a prohibir esta práctica, porque es una experiencia muy antigua y no sería eficaz, pero hay que regularla administrativamente y eliminarla de la vía pública", declaró el vicealcalde de la ciudad.

Para ello, el consistorio pondrá a disposición de la Policía Nacional (que, según el ayuntamiento, es la competente en la materia) toda la ayuda que estime conveniente. "La Policía Local podrá colaborar en esa labor disuasoria para evitar que se concentren en las calles, porque lo que hay que intentar es derivarla a pisos y locales con las adecuadas condiciones higiénicas, sanitarias y sociales, pero poco más podemos hacer", añadió Gimeno.

Ante las reiteradas quejas de vecinos en zonas como el entorno de la calle Escosura y del hospital Provincial, el vicealcalde dio la razón a los ciudadanos, pero advirtió de que el problema no se soluciona erradicando la prostitución en una calle para derivarla a otro. "Estamos seguros de que con la normativa actual encontraremos algún resquicio legal que nos ayude a mitigar el efecto, pero insisto en que DGA o Gobierno central deben regular la cuestión. Es lo más sencillo", reiteró.

Estas manifestaciones siguen la línea marcada por el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y también por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre.

Por otro lado, también el concejal de CHA se refirió ayer a la proliferación de este fenómeno social en la ciudad. "Lo primero que hace falta es un informe de los servicios municipales acerca de la situación de las mujeres que trabajan en la vía pública, porque lo fundamental es garantizar que se ejerce con las debidas condiciones sanitarias, laborales y sociales para ellas", declaró el edil Juan Martín. No obstante, subrayó que esta práctica debe desplazarse de la calle a pisos y locales cerrados.

El PP abogó por incrementar la presencia policial en las zonas conflictivas.