Ahogados, asfixiados y en números rojos. Así describen los responsables de las finanzas municipales la situación económica por la que atraviesan los ayuntamientos. El Fondo Local ha supuesto un parche que ha mantenido las inversiones, pero los alcaldes exigen al Gobierno central soluciones definitivas. También se piden responsabilidades a los ejecutivos regionales, ya que los municipios prestan un largo listado de servicios que debería pagar la comunidad autónoma. El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Catalá, estima que solo en el 2009 se asumieron competencias de las otras dos administraciones por importe de 200 millones. Mientras hay tímidos avances en la negociación del anteproyecto de ley del Gobierno Local, la Ley de Capitalidad de Zaragoza duerme el sueño de los justos.
1.- Anteproyecto de ley del Gobierno y la Administración Local
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Gobierno central avanzan poco a poco en la negociación de la nueva ley de Financiación Local. Ahora se debate el anteproyecto de la Ley Básica del Gobierno y la Administración Local para que entre en vigor en el 2011. Para lograrlo, el texto debería ser aprobado en Consejo de Ministros en el primer trimestre de este año para debatirlo en el Parlamento.
Las líneas básicas de la nueva norma van dirigidas a aumentar la eficiencia de la gestión municipal, reforzar el papel de los alcaldes y los grupos municipales, convertir el pleno en el centro de debate de la política local, extender los códigos éticos y de buen gobierno y ordenar el sistema de competencias locales. El anteproyecto fija requisitos para combatir la corrupción municipal y obliga a los ediles a publicar en internet su patrimonio.
Además, se detalla que los ayuntamientos ejercerán las competencias que no están expresamente prohibidas o atribuidas a otra autoridad, sea estatal o autonómica. Se fijan unos 25 campos de actuación para la ordenación y prestación de los servicios básicos locales, desde la gestión del padrón hasta la promoción turística.
2.- Nuevo estatuto del vecino y más autonomía local
El anteproyecto reconoce el denominado estatuto del vecino. Este texto reconoce el derecho que tienen todos los ciudadanos, en situación regular o irregular, a empadronarse. Además, generaliza las cartas de derechos y deberes de los ciudadanos. Entre los deberes, se recogen los relativos a los servicios públicos, el entorno urbano o el medio ambiente. En cuanto a los derechos, se habla de los vinculados con la participación ciudadana -audiencia, acceso a la información sobre decisiones, consultas populares o iniciativas ciudadanas- o la sostenibilidad. El texto legal hace referencia también al aumento de la autonomía local. Así, el Gobierno municipal tendrá auténtica capacidad política para ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, siguiendo el mandato de la Carta Europea de la Autonomía Local.
3.- Las diputaciones, al servicio de los ayuntamientos
Si sale adelante el anteproyecto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las diputaciones provinciales pasarán a ser entidades al servicio de los ayuntamientos en la prestación de los servicios mancomunados. Es decir, serán entidades que permitan a un grupo de municipios unirse para superar carencias o impulsar proyectos que por sí solos no podrían abordar.
El anteproyecto refuerza el papel de la oposición, ya que una minoría podrá exigir la comparencia de un concejal o de los responsables de organismos públicos y sociedades municipales en pleno o comisión. El número de concejales con sueldo variará en función de los habitantes, pero en todo caso, al menos uno de los ediles de la oposición cobrará.
4.- La Ley de capitalidad, otra legislatura en el aire
El Gobierno de Aragón no tiene intención alguna de impulsar la Ley de Capitalidad en lo que resta de legislatura. Esta normativa, prevista en el Estatuto de Autonomía de Aragón, podría resolver la agobiante situación económica de Zaragoza, ya que llegaría acompañada de la financiación necesaria para abonar los servicios públicos que ahora presta el consistorio, pero que corresponden a la DGA. El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Catalá, reconoció ayer que el consistorio asumió en el 2009 servicios que deberían prestar las otras dos administraciones por importe de 200 millones de euros. El concejal del PP José Manuel Cruz criticó que en todo el año pasado la DGA tan solo dedicó nueve millones de euros para Zaragoza. Catalá dijo "no entender" por qué sí se reconoce por parte del Estado la deuda histórica con Aragón, pero no se actúa igual con la deuda histórica de los ayuntamientos.
