El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, anunció ayer en las Cortes que el Ejecutivo está trabajando en un plan de contención que se aplicará a las empresas públicas de la comunidad. No detalló, sin embargo, ni cuándo se harán efectivas las medidas ni la cuantía de ahorro que supondrán. En cualquier caso, entrarán en vigor a lo largo de este año y podrían traducirse en la reducción del número de cargos directivos.

Se trata de una medida en la que la Consejería de Economía lleva trabajando ya un tiempo. Se fundamentará en tres actuaciones preferentes, según detalló el presidente Iglesias. La primera consistirá en la desinversión en aquellas empresas en las que el Gobierno tiene participaciones en el accionariado. Afectará al 25% de las sociedades en las que interviene la DGA y supondrá, por cuantía, el mayor ahorro para la Administración. Además, la venta de activos generará unos ingresos extra para las arcas públicas.

ESTRATEGIAS La segunda estrategia esgrimida por Iglesias consistirá en la liquidación de aquellas empresas que o bien no están activas o por su reducido tamaño hacen recomendable su disolución. Afectará a media docena de casos. La última acción será la de las fusiones. Se hará entre aquellas compañías que coinciden en su actividad. La naturaleza jurídica de algunas de ellas podría dificultar el proceso. Por ello, el Gobierno contempla la posibilidad de mantener el accionariado de cada una de ellas, pero unificar la gestión. Esto permitiría reducir los gastos de funcionamiento, aunque con seguridad entrañaría prescindir de algunos de los directivos con los que cuentan en la actualidad. Un ejemplo sería la unificación de todas las plataformas logísticas, como son Pla-Za, Platea o Plhus. Lo mismo podría suceder con las que centran su actividad en el sector turístico.

La remodelación del conglomerado público de la comunidad fue el anuncio más importante que formuló ayer Marcelino Iglesias en el pleno de las Cortes. Compareció a petición propia para explicar las medidas de ajuste que anunció la pasada semana el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del Ejecutivo autonómico intentó defender gran parte del plan de ahorro y lo presentó como la mejor alternativa para frenar los ataques de los especuladores. Además aprovechó para defender la posición de la comunidad. "Aragón sigue mostrando un diferencial favorable con la media española y es una de las regiones con menor tasa de paro", aseguró. Y recordó que la "situación presupuestaria de Aragón es bastante más saneada que la de otras".

El portavoz del PAR, Javier Allué, no tuvo ayer una papeleta fácil. En su condición de socio de Gobierno combinó en su discurso el respaldo al PSOE, a la vez que reivindicó que las medidas de ajuste anunciadas por el Ejecutivo central, no se traduzcan en menos inversiones para Aragón. "Que es algo a lo que ya estamos acostumbrados", lamentó. En su réplica el propio Marcelino Iglesias mostró también su preocupación por las consecuencias en la congelación de las inversiones en infraestructuras, viarias o ferroviarias, que están todavía pendientes.