Los empleados públicos de todas las administraciones --central, autonómica y local--, excepto los de las empresa públicas, verán reducidos sus ingresos a partir del próximo mes de junio entre el 0,56% y el 7%, según el decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El recorte no afectará a los que tengan un salario bruto de 1,5 veces inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en torno a los 949 euros. El año 2011 será el de la congelación salarial.
El Gobierno, que ensalzó la labor de los funcionarios, se aplicará la misma medicina. En el presidente, la reducción llegará al 15%. En el caso de los directores generales será del 8%; los subsecretarios, el 9% y los secretarios de Estado, el 10%. Los miembros del Consejo de Estados, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Constitucional y la Fiscalía del Estado verán mermados sus ingresos entre un 7 y 8%.
El recorte mínimo del 0,56% afectará a los funcionarios del grupo E. Para el grupo C2, la bajada se ha fijado en el 2,75%; para el C1, del 4,5%; para el A2, del 5,75% y para los del A1, el 7%. Las reducciones se harán tanto en el salario base como en la antiguedad, mientras que los complementos tendrán un ajuste salarial lineal del 5%.
Los funcionarios notarán en junio un recorte que se mantendrá hasta diciembre y que afectará a la paga extraordinaria de ese mes. Pero no a la extra de junio porque ya está devengada.
EMPRESAS PÚBLICAS Los trabajadores de las empresas públicas, como Renfe, Adif no verán mermados sus ingresos. El Gobierno ha actuado con cautela por la existencia de convenidos colectivos que fijan las retribuciones. Sin embargo, sí aplicará los mismos criterios de recorte a los directores de las mismas, cargos de designación política.
La diferencia entre unos y otros empleados públicos es una de las razones que aducen UGT, CCOO y CSIF para impugnar el decreto. Sin embargo, ayer no pudieron convencer de ello a la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, que les citó a las nueve de la mañana solo para cumplir con el trámite legal pero sin aportar datos. Por el contrario, les invitó a "oir la radio" para conocer el decreto que aprobó el Consejo de Ministros al mismo tiempo que miles de manifestantes en toda España se concentraron antes las delegaciones del Gobierno. Esta situación fue tachada de "burla" por los sindicalistas.
La "alteración sustancial de las circunstancias económicas", es decir, la crisis financiera, es la razón esgrimida por el Gobierno para rebajar los ingresos a los empleados públicos a partir del próximo mes de junio. Esta descripción de una "causa grave de interés público" aparece en el artículo 38 punto 10 del Estatuto básico de empleados públicos.