Miles de trabajadores aragoneses del sector público se concentraron ayer en las tres capitales de la comunidad --en Zaragoza, alrededor de 2.000 personas-- para rechazar el recorte de sus salarios y la congelación de las pensiones. En el ambiente sonaron los tambores de una huelga de libre interpretación. Para algunos de los manifestantes es el anticipo del paro sectorial convocado para el 8 de junio en la función pública; para otros, el camino a una huelga general que gana adeptos y que, por otra parte, ya nadie descarta.

La concentración de Zaragoza, que como las del resto de España se desarrolló bajo el lema Defiende lo tuyo, no al recorte del gasto social, defiende lo público, logró congregar a un amplio espectro sindical que pocas veces se ve unido. Desde CSIF, CCOO y UGT, mayoritarios en el sector público y convocantes de las protestas, a OSTA, CGT, CSL (policías locales) o ASSI, entre otras organizaciones. De ahí, la policromía de banderines que portaban los asistentes y, lógicamente, la diversidad de mensajes que lanzaron cada uno.

En la idea que todos estaban de acuerdo fue en el rechazo al enfrentamiento latente entre los trabajadores del sector público y los del privado, que, según los sindicatos, azuza interesadamente el Gobierno. "No hay que enfrentar a víctimas de la crisis contra otras víctimas de la misma crisis", ejemplificó Nati Almarcegui, una de las manifestantes.

Las protestas escenificaron la capacidad de convocatoria del funcionariado, fruto quizá de su mayor estabilidad laboral, y el cabreo social contra el paquete de medidas para reducir el déficit anunciado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que desde la semana pasada mantiene sobresaltada a la opinión pública.

ESTO ES LA GUERRA En el acto de la capital aragonesa, que se llevó a cabo frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón, tomaron la palabra representantes de las tres organizaciones convocantes. El presidente regional de CSIF, Luis Güerri, no dudó en calificar de "guerra" el conflicto abierto por la aplicación del recorte salarial en el sector público y lamentó "la dolorosa ruptura de la negociación colectiva" que ha ejecutado Zapatero. "Nos han robado la cartera y lo grave es que no sabemos hasta donde va a llegar", afirmó, al tiempo que auguró una fuerte contestación social en la calle.

"(El Gobierno) tendrá que afilar mucho el lapicero para escribir un decreto que llevaremos a los tribunales", advirtió Güerri, no sin antes preguntarse "dónde están" los 280.000 millones de superávit que tenía el Estado en tiempos de bonanza. Él mismo se respondió: "lo han dilapidado".

Por su parte, la secretaria general de trabajadores de la enseñanza de UGT Aragón, Gloria Pardillos, denunció que el tijeretazo del gasto afecta "a la parte más débil" de la sociedad y supone "una agresión" a los empleados públicos y pensionistas. En su opinión, "había mucho por hacer antes de llegar a esto", a la vez que consideró que el camino emprendido por el Gobierno no servirá para reactivar la economía.

Su homólogo en CCOO Aragón, Enrique Gracia, criticó que las iniciativas de Zapatero "no concilian ni reparten los esfuerzos para salir de la crisis", al contrario, agregó, "maltratan" a los jubilados y a la clase trabajadora. Además, echo en falta medidas para elevar la presión fiscal sobre las rentas más altas.

También participaron en la concentración los secretarios generales de UGT y CCOO Aragón, Julián Lóriz y Julián Buey. El primero expresó su "preocupación" por los derroteros que está tomando la acción del Ejecutivo central, con medidas "injustas y agresivas, y que seguramente serán estériles" en sus objetivos. Para Buey, el plan de ajuste supone "una auténtica barbaridad que no podemos permitir porque tiene riesgo de contaminarse". "Vamos a llegar hasta donde haga falta", avisó.

Buena parte de los participantes no dudaron en reclamar una huelga general y la dimisión de Zapatero, otros se mostraban en privado más reconciliadores con el Gobierno del PSOE.