Habrá que parar obras ya adjudicadas o en marcha". Este es el vaticinio que hizo ayer el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde socialista de Altorricón, Salvador Plana, tras conocer la decisión del Gobierno central de prohibir a los ayuntamientos contraer deuda a largo plazo hasta el 2012. Y en un tono similar por la dureza de la crítica se pronunció el teniente de alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Francisco Catalá, quien habló de "injusticia e intromisión" en la autonomía municipal.
"Nos tratan como una administración menor y como si no supiéramos administrar", aseveró Catalá. "Somos la administración más transparente, la que mejor gasta el dinero público y la más valorada por el ciudadano. Se nos empuja con el Fondo Local y ahora se nos frena en seco con esta medida tan dura", añadió Plana.
Los dos dirigentes socialistas subrayaron el hecho de que la deuda de los municipios represente el 1% del PIB nacional, frente al 2,2% que supone la de las comunidades autónomas y el 8,7% la del Estado. Y, sin embargo, destacaron la prohibición afecta solo a los ayuntamientos. "Esta medida se ha improvisado porque se nos endilga el frenazo y a otros sectores del país, causantes de la crisis, no se les traslada nada", dijo el presidente de la FAMP.
En Zaragoza, la deuda a largo plazo a finales de abril superaba los 736 millones de euros y a corto con entidades de crédito rebasaban los 78 millones. A pesar de ello, se cumple el principio de estabilidad financiera, ya que el Estado incrementó el coeficiente de endeudamiento hace solo unos meses, algo que Catalá no logra ahora entender con este decreto.
Horas antes, en la Comisión de Economía, el teniente de alcalde se mostró mucho más moderado, quizá porque el decreto solo llevaba una hora publicado y no lo había podido analizar al detalle. Por eso, solo avanzó que de los 1.200 millones de euros que se pide reducir en comunidades y municipios, la factura para Zaragoza debería ascender a "unos 2,8 o 3 millones de euros".
Sin datos, solo cabía un descafeinado enfrentamiento político. El portavoz adjunto del PP, José Manuel Cruz, insistió en que es "la crónica de un fracaso político" y confió en que "en este ajuste improvisado e injusto sean capaces de plantear alguna cuestión más". Desde el PAR, su socio de gobierno, Manuel Blasco reiteró que estas medidas son "insuficientes" porque "deben ir acompañadas de una reflexión más profunda". Juan Martín, portavoz de CHA, incidió en "la soledad del PSOE" e instó a Catalá a "sanear y reorganizar los recursos del ayuntamiento". José Manuel Alonso, concejal de IU, reiteró que las medidas son una "injusticia social, porque hace caer el peso de la crisis sobre los trabajadores y libra de ella a quienes la causaron".