El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el real decreto ley con las medidas de ajuste aprobadas el jueves por el Consejo de Ministros con sorpresas incluidas. El decreto prohíbe a los ayuntamientos contraer más deuda a largo plazo desde hoy mismo hasta el 31 de diciembre del 2011. Eso, en la práctica, implica que las corporaciones locales apenas podrán dedicar un euro más a inversión en lo que queda del 2010 ni en el 2011. Otra de las sorpresas que guardaba el decreto afecta a los notarios y registradores, a quienes el recorte salarial, en tanto que funcionarios públicos, les llega en forma de una rebaja del 5% en los aranceles que cobran sobre los documentos de cuantía, como las hipotecas.

La noticia sobre la prohibición de nuevo endeudamiento causó estupor ayer en el ámbito municipal. No debían conocerla ninguno de los 2.000 alcaldes y concejales socialistas que acudieron el domingo al mitin de Rodríguez Zapatero en Elche y que corearon "valiente, valiente" cuando el presidente justificó la necesidad de medidas tan duras como el recorte del sueldo de los funcionarios o la congelación de las pensiones en el 2011. El alcalde de Calatayud, Víctor Ruiz, acudió a este acto de partido en el que no hubo representantes del Ayuntamiento de Zaragoza.

ESTUPOR MUNICIPAL El presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, que participó en el acto de Elche, pudo ser uno de los sorprendidos. Ayer por la tarde fue convocado con urgencia por el vicepresidente Manuel Chaves para hablar del alcance del decreto publicado en el BOE. Tras la reunión, Castro se mostró comprensivo --"que el Gobierno gobierne y tome las decisiones que el país necesita, por duras que sean", dijo-- y pidió al PP "que ponga el interés de Estado por encima del de partido". Hoy se reune la Comisión Ejecutiva de la FEMP, a la que acudirá el alcalde de Calamocha, el aragonesista Joaquín Peribáñez.

Desde Aragón, las valoraciones fueron mucho menos prudentes que desde Madrid. El teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Francisco Catalá, habló de "intromisión" en la autonomía municipal, "injusticia" y "maltrato". El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMP), Salvador Plana, habló incluso de que habrá ayuntamientos que se verán obligados a paralizar obras ya en marcha y dijo no entender por qué se impone esta prohibición "a la administración más transparente y que más valora el ciudadano".

Del recorte de 15.000 millones del déficit público que persigue el decreto de medidas de ajuste, 1.000 millones corresponden a las autonomías y 200, a los ayuntamientos. La mayor parte de este ahorro debe llegar por la rebaja salarial del 5% de los empleados públicos. Tras el Consejo de Ministros del jueves, la vicepresidenta Elena Salgado explicó que los ayuntamientos deberán destinar el ahorro en personal a sanear deudas y, si acaso, a inversión.

Lo que no dijo es que desde la entrada en vigor del decreto (hoy mismo) "y hasta el 31 de diciembre del 2011, las entidades locales y sus entidades dependientes" no podrán acudir "al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades" para financiar inversiones, ni para refinanciar operaciones ya existentes, a no ser que sea para reducir la carga financiera. Las corporaciones que quieran invertir tendrán que hacerlo a cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (dotado con 5.000 millones) o con recursos propios.

OTRO GIRO El decreto impone otra vuelta de tuerca más a la disciplina municipal. Los créditos a corto plazo que suscriban las corporaciones para cubrir las situaciones transitorias de tesorería deberán quedar cancelados a 31 de diciembre de cada año. Habrá que pasar con el contador a cero al ejercicio siguiente.

Estas medidas de control suponen un giro total respecto a otras adoptadas en el 2009 cuyo objetivo era precisamente el contrario, facilitar el endeudamiento a los ayuntamientos. La ley de presupuestos del 2010 elevó del 110% al 125% de los ingresos corrientes el tope hasta el que se puede endeudar un ayuntamiento sin tener que pedir autorización. Lo cierto es que la deuda municipal creció el 9% en el 2009, hasta 34.594 millones. En la lista de ayuntamientos más endeudados destaca Madrid, con 6.762 millones.

El PP mantiene la incógnita sobre su voto durante la tramitación parlamentaria del decreto ley del ajuste. El PSOE quiere que se tramite en el pleno del jueves.