El exdirector de la sucursal de Cajalón en La Muela, al que Alberto Lozano, del que la Brigada de Blanqueo sospecha que ayudó a los miembros de la familia Embarba-Pinilla a ocultar ingresos de decenas de miles de euros en efectivo fraccionándolos en cantidades inferiores a las que hacen saltar las alarmas de las autoridades monetarias --3.000 euros--, negó ayer cualquier relación con esos movimientos económicos. Declaró como imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales.
En su testimonio, aseguró que su labor en la oficina, en la que trabajaban varias personas más, era de carácter más bien comercial --captación de clientes, básicamente--. Señaló que no tocaba pagos ni hacía tareas de ventanilla. Es más, anotó que los ingresos que se encuentran bajo investigación fueron visados por otros empleados de la sucursal.
La Brigada de Blanqueo detectó ocho operaciones en las que un total de 165.900 euros fueron ingresados en cuentas de la alcaldesa Mariví Pinilla, su marido Juan Antonio Embarba y sus hijos Víctor y Jorge en 57 anotaciones distintas, solo una de las cuales, de 5.000 euros, superó los 3.000.
La persecución penal del blanqueo de capitales exige que el reo conozca el origen ilícito del dinero o que, cuando por diferentes circunstancias pueda presumirlo, no haya actuado con celo.
