Salieron del Juzgado de La Almunia como entraron: imputados por un delito de blanqueo de capitales y sin ninguna medida cautelar sobre sus personas o su patrimonio. Jorge y Juan Antonio Embarba y Dolores Pinilla --hijos mayor y menor de la alcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, y hermana, respectivamente-- abandonaron el edificio de la plaza de La Paz poco después de la una del mediodía, tras pasar en él algo menos de tres horas y media en las que, en turnos individuales, fueron interrogados por su presunta relación con el supuesto blanqueo de dinero de mayor envergadura investigado en Aragón.
Un informe de la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía fechado en junio concluye que entre el 1 de enero del 2002 y el 18 de marzo del 2009 seis miembros de la familia de la alcaldesa --ella, su exmarido Juan Antonio Embarba y el hijo mediano de ambos, Víctor, además de los tres citados ayer-- participaron en el blanqueo de cinco millones de euros cuyo origen vinculan a actividades presuntamente delictivas de la edila. Eso permitió al grupo, señala la Policía, disfrutar "de un abultado patrimonio y un tren de vida que no se correspondía en absoluto con el que se derivaría de la actividad económica declarada".
FONDOS El grueso de ese "capital que aparece de la nada" --en expresión policial-- habría ido a parar a manos de Pinilla y su exmarido: 1,16 ingresados en cuentas, 1,54 en metálico para comprar inmuebles, 344.415 euros en coches y viajes y 433.195 intervenidos en la casa. La Policía sospecha que parte de él serían "dádivas" de Aranade "por permitirles gestionar año tras año" la Sociedad Urbanística Municipal.
La Brigada de Blanqueo detectó un excedente de más de 400.000 euros en las cuentas de una empresa de Víctor; acreditó la llegada de 750.000 en metálico a las libretas de Jorge --él sostiene que eran premios de juegos de azar--, al que consideran beneficiado del afloramiento de otros 299.559 destinados a comprar viviendas y naves; detectó el ingreso de 110.397 de origen no justificado en las cuentas de Lola, titular de la caja de seguridad en la que el juez intervino 385.000 euros y a la que tenía acceso Mariví; y documentó que la tienda de muebles que regentaba Antonio facturaba el 80% de sus ventas a empresas que contrataban con el consistorio, y que a veces colocaban en actuaciones municipales los objetos que le compraban.
Ayer, Jorge, Antonio y Dolores defendieron ante el juez los mismos argumentos que expusieron ante la Policía cuando declararon a principios de junio. Jorge mantuvo que 755.000 euros correspondían a premios del casino de Zaragoza y que si sus cuentas registraban numerosos ingresos en metálico por debajo de las cantidades que hacen saltar las alarmas en el Banco de España --3.000 euros-- era para que sus padres no detectaran su afición al juego. Dolores señaló que el grueso del dinero hallado en la caja abierta a su nombre los tenía en metálico su hermano Nicanor cuando falleció. Y Antonio insistió en que las ventas de su tienda son legales. Todos negaron haber recibido dinero negro o sucio y desvincularon sus ingresos de la actividad de Mariví en la alcaldía.
Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado pidieron al juez que adoptara medidas cautelares --retirada del pasaporte, bloqueo de patrimonio o comparecencias periódicas-- contra ninguno de ellos.
