"Necesitamos la colaboración de los funcionarios para que la implantación sea lo más adecuada y eficaz posible", explicó el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, que próximamente formará parte de la mesa --con la coordinadora de los secretarios y los representantes de la plantilla-- que debe definir la puesta en marcha del Servicio Común de Ejecución Civil tras concluir sus trabajos la comisión que ha diseñado su estructura y en la que han participado todos los operadores judiciales --jueces, secretarios, fiscales, abogados y procuradores--. Más de la mitad del atasco judicial que sufre Aragón --30.000 asuntos de 55.000-- son ejecuciones de resoluciones civiles dictadas en Zaragoza ciudad.
El documento base que irá a la segunda mesa propone asignar en torno a un centenar de funcionarios y ocho secretarios al servicio común mientras el resto --la mitad-- siguen en los juzgados, que ahora centrarán su trabajo en juzgar y sentenciar. El servicio común estará dividido en secciones. Habrá cinco de ejecución: dineraria, no dineraria, mercantil, familiar e hipotecaria, esta última muy vinculada con el nuevo sistema de subasta electrónica de bienes. Completan el sistema la caja única y los departamentos de estadística y de averiguación patrimonial.
La mesa, explicó, "debe diseñar un plan de choque para gestionar el cambio de la estructura tradicional de los juzgados de Primera Instancia. Espero que se pueda concluir con un sistema que permita implantar el nuevo servicio en el primer trimestre del 2011".
