Este miércoles Zaragoza cierra un capítulo de su historia ciudadana dando visibilidad a las más de 3.500 víctimas de la represión franquista que dejaron sus vidas entre los campos de Valdespartera y las tapias del cementerio municipal. El homenaje es fruto del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, pero recoge en su planteamiento las reivindicaciones que desde la sociedad civil aragonesa se han ido dirigiendo a los responsables políticos para dar un merecido homenaje a todos los que dieron su vida por pensar diferente a lo establecido.

La Fundación Bernardo Aladren fue hace ya algunos años, una de las primeras en reclamar la dignificación de todas estas personas, mediante nuestra comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos de las Cortes de Aragón en diciembre del 2003, y a través de otras iniciativas.

En el momento de realizar nuestras primeras iniciativas no eran pocos los que nos acusaban de querer remover el pasado con oscuras intenciones, de demonizar a determinadas opciones políticas o de sacudir las bases de la Transición, que corrió un tupido velo sobre el pasado. Incluso algunos compañeros de partidos políticos de la izquierda nos obsequiaron con cierta indiferencia e incluso desconfianza hacia quienes nos atrevíamos a realizar este tipo de planteamientos.

Afortunadamente, la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno y la puesta en marcha de la popularmente conocida como Ley de Memoria Histórica, abre un camino para que desde algunas instituciones se pueda prestar el apoyo necesario, emocional y hasta económico que la asociaciones que veníamos trabajando en estas cuestiones echábamos en falta.

DESDE ese momento se han multiplicado las acciones que buscan el recuerdo de los represaliados, algo que los familiares de las víctimas casi daban por perdido después de reivindicar durante décadas la memoria de sus parientes o amigos, desaparecidos en muchas ocasiones sin que constase las causas reales por las que esa persona había sido asesinada, y que en la mayor parte de los casos obedecía a algo tan simple como la pertenencia a un partido político o a un sindicato como afiliado sin ninguna responsabilidad.

Es el caso de la mayoría de los 3.542 enterrados en el cementerio municipal de Torrero; ciudadanos de los que apenas consta su nombre y apellidos y una fecha de su muerte, detrás de los cuales se esconden familias, descendientes, historias y vidas truncadas que, cuando menos, se merecen nuestro recuerdo.

Entre todas esas placas que el Ayuntamiento ha instalado está la dedicada a Bernardo Aladrén, presidente de la UGT zaragozana y teniente de alcalde de la ciudad, fusilado durante los primeros días de guerra. Bernardo Aladrén, figura fundamental del socialismo y el sindicalismo en Zaragoza, y un desconocido para la mayor parte de los aragoneses, ejemplifica perfectamente el perfil de todos los represaliados: un trabajador comprometido que únicamente defendía sus planteamientos a través de los endebles instrumentos que le proporcionó una democracia todavía inestable y amenazada, como quedó bien evidenciado durante los siguientes años, por los representantes de la España caciquil que no entendía los necesarios cambios que los partidos y organizaciones de la izquierda intentaron introducir durante el periodo republicano como forma de avanzar y superar el atraso que la oligarquía española había dejado en el país.

El precio pagado por todos aquellos que como Bernardo Aladrén emplearon su voz en reivindicar los cambios necesarios para hacer avanzar nuestro país fue muy alto, más de lo que seguramente ellos mismos podían imaginar. La feroz respuesta emprendida por los sublevados permitió que el atraso de España continuara durante los cuarenta años siguientes, con una dictadura que los sumió en el olvido más injusto.

Nos alegramos de iniciativas como las del ayuntamiento y seguiremos reivindicando la memoria de quienes nos precedieron para hacer de la nuestra una sociedad más justa, más igualitaria, y más libre.