El Gobierno intentó anoche proporcionar un balón de oxígeno a las comunidades y esquivar un agrio enfrentamiento con sus responsables económicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Se trataba de evitar a toda costa que una división sin precedentes saltara fronteras y resultara letal para la imagen de un país cuya prima de riesgo estaba ayer en los 326 puntos. Así, la vicepresidenta Elena Salgado ofreció a las autonomías la posibilidad de acogerse, a partir del próximo enero, a un crédito ICO para hacer frente a la mitad de la deuda que tienen contraida con el Gobierno, al que deben devolver alrededor de 19.000 millones de euros en concepto de liquidación de los adelantos recibidos en el 2008 y el 2009. Se les dio entonces dinero de más (falló la previsión de ingresos) y ahora toca devolverlo aunque, según parece, lo podrán hacer con ayuda.

Esta es la solución salomónica que ayer terminaron de diseñar la vicepresidenta Salgado y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, interesados en hallar un camino que sirviera de alivio a las autonomías pero que no significase ceder a la presión del PP, que pedía una moratoria de la citada deuda y amenazaba, incluso, con incumplir el objetivo de déficit previsto para 2011 si no se aceptaba su órdago. Cantabria llegó a amagar con declararse insolvente. Finalmente no llegó la sangre al río y los representantes del PP aceptaron a regañadientes la propuesta de Salgado. Es más: garantizaron públicamente que cumplirán con los compromisos de déficit marcados para este año.

El consejero catalán de Economía, Andreu Mas -Colell, dijo que la vía del ICO propuesta por el Ejecutivo central es un "pequeño avance" que aún debe ser concretado. Mas-Colell confesó que prefería la moratoria.

Pese a los tambores de guerra que llevaban haciendo sonar desde hacía días con el permiso de su jefe de filas, Mariano Rajoy, los populares respaldaron el llamamiento que la vicepresidenta económica hizo a las autonomías para que, a partir del próximo enero, se fijen una regla de gasto y la conviertan en ley en sus respectivos parlamentos. La filosofía de Salgado es que la regla debe ser lo más homogenea posible para el conjunto de comunidades y, por ello se formará un grupo de trabajo en septiembre.

En el transcurso de un Consejo de Política Fiscal que duró casi cuatro horas y que, sin ser amable, resultó menos duro de lo anunciado, Salgado se comprometió con las comunidades a especificarles qué cantidad les corresponderá a cada una de ellas de los 8.000 millones que el Gobierno, el próximo año, debe entregar a las autonomías por haber previsto ingresos para el 2010 menores a los realmente registrados.