El Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón buscará las fórmulas jurídicas posibles para anular el contrato de venta de los bienes muebles del Monasterio de Sigena a la Generalitat de Cataluña. La decisión dependerá del análisis que hagan los servicios jurídicos, una vez que han constatado que es prácticamente imposible recurrir la sentencia del Tribunal Constitucional. En este fallo, conocido la pasada semana, el Constitucional declaraba legal la venta que efectuaron las monjas de la Orden de San Juan de Jerusalén, propietarias del monasterio, a la Generalitat de Cataluña entre 1983 y 1992. Con posterioridad, el Gobierno de Aragón interpuso el recurso exigiendo el derecho de tanteo de las obras.

A esta conclusión llegó después de reunirse ayer durante casi tres horas la consejera de Cultura, Dolores Serrat y el director general de Patrimonio, Javier Callizo, con el responsable de Patrimonio de la diócesis de Barbastro-Monzón, Enrique Calvera, y el alcalde de Villanueva de Sigena, Alfonso Salillas. Además estuvieron presentes los letrados del Gobierno de Aragón, el abogado de la diócesis, Hipólito Gómez de las Roces, y el asesor del consistorio, el también abogado Jorge Español.

No alcanzaron un acuerdo para redactar, como estaba previsto, una declaración institucional conjunta. Pero sí coincidieron todos en mostrar su "respetuosa discrepancia" con la sentencia del Constitucional, que la consejera consideró "una grave decisión".

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN Serrat anunció que ante las pocas posibilidades de recurrir el fallo del Constitucional, se van a explorar las vías de los tribunales civiles y de los del contencioso-administrativo. Ahora mismo, la principal intención es "atacar la venta" de los bienes. Por tanto, parece probable que se decidirá declarar la anulación del contrato de venta. Un contrato que solicitarán a la Generalitat de Cataluña. A ella le reclamarán la documentación de la venta y también intentarán la vía política. Esta, aunque no lo dijo la consejera, es no obstante compleja. Sobre todo ante la falta de respuesta de la Generalitat a los reiterados requerimientos del Gobierno de Aragón anterior y ante el silencio absoluto mostrado a la petición de cita efectuada por los actuales miembros del Ejecutivo autonómico.

Serrat se agarró a la anulación de este contrato por entender que en el momento de la compra, no se tuvo en cuenta que los bienes muebles formaban parte "inseparable" de un monumento declarado además de Interés Nacional, "tal y como recoge la Unesco sobre el patrimonio cultural. El Monasterio de Sigena es además una de las principales muestras del románico aragonés, aunque pertenece a una orden monástica. Serrat también dijo creer que en el momento de la venta, las monjas no actuaron de mala fe.

Serrat apuntó además que el Ejecutivo aragonés seguirá con todas las acciones e iniciativas actualmente en marcha para inventariar, catalogar y tratar de recuperar el patrimonio aragonés que está "indebidamente" fuera de la comunidad, ya que en estos momentos continúa habiendo varios pleitos abiertos.

Aunque las tres partes reunidas ayer no hubo un pronunciamiento conjunto, la consejera manifestó que en todos estos puntos ha habido "acuerdo absoluto" con el Ayuntamiento de Villanueva de Sigena y el Obispado de Barbastro-Monzón, con la voluntad de ir "todos de la mano", convencidos de que "la unión hace la fuerza".