Una cosa es defender la presencia de símbolos religiosos y otra renunciar a los suculentos ingresos a los que renuncia el Ayuntamiento de Zaragoza año tras año por los privilegios de los que goza la Iglesia en materia fiscal. Eso es lo que se ha planteado el Gobierno de la capital aragonesa y el alcalde, Juan Alberto Belloch, firme defensor de iconos católicos como el crucifijo que preside el salón de plenos, que ahora va a plantear que las Administraciones compensen al consistorio con los ingresos que algunas instituciones no pagan, entre ellas la Iglesia o el Ejército, y que las arcas municipales sufragan de forma innecesaria. El consistorio zaragozano lanzará el órdago al Gobierno central para exigirle que cambie la ley que ampara esas exenciones o abone estas cantidades para que las arcas municipales no soporten el precio de esta benevolencia fiscal.
Pero la respuesta, ayer, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no dejó lugar a dudas: se alineó con la jerarquía católica y anunció que no apoyará, porque está fuera de lugar, ni la revisión del Concordato de 1979 ni las leyes de mecenazgo y haciendas locales del 2002 y 2004 que amparan esa y otras exenciones fiscales. "No vamos a denunciar un acuerdo internacional. Sería una irresponsabilidad, con la que está cayendo y como si no tuviéramos suficientes frentes abiertos", subrayó el jefe del Ejecutivo, quien recriminó al PSOE "haber estado 20 años en el Gobierno", ocho de con mayoría parlamentaria, en los que pudo denunciar, y no lo hizo, el acuerdo con el Vaticano.
Sin embargo, para Zaragoza el debate es otro. "El ayuntamiento está en contra de que haya exenciones fiscales que no decida el propio ayuntamiento. Las deben poner los órganos gestores y, si no, que asuman la compensación que le correspondería abonar a las administraciones locales", explicó ayer el vicealcalde y responsable local de Economía y Hacienda, Fernando Gimeno, quien puso como ejemplo lo que sucede "con los colegios concertados" en los que "su exención la paga el Estado". Por eso plantea "por qué no se utiliza el mismo método con edificios educativos o sanitarios, penitenciarios o militares".
Zaragoza puede ser el ayuntamiento más grande de España que encabece, a partir del próximo pleno, la presión que desde algunos colectivos laicos o partidos políticos de izquierda llevan reclamando desde hace tiempo. Los socialistas han reaccionado con ocho años de retraso --nunca se planteó esta opción en la era de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno-- pero está decidida a reclamar pagos a las Administraciones que imponen estos privilegios.
AL PLENO Y, por las palabras de Gimeno, no se limitan solo a los bienes eclesiásticos, como plantean CHA e IU en sus respectivas mociones para el próximo pleno (se celebrará el 1 de junio). "Trataremos de ampliar el contenido de sus mociones y, si no, la presentaremos en el próximo", afirmó.
"El problema más grave es que la ley de mecenazgo --en la que se basan las exenciones fiscales para la Iglesia-- se ha convertido en un coladero por el que caben todo tipo de entidades. Incluso fundaciones que pertenecen a bancos o los propios partidos políticos", subrayó el vicealcalde.
Para el consistorio zaragozano, la condición de utilidad pública, que declara el Gobierno central y que es el paraguas bajo el que se protegen numerosos colectivos no es excusa en algunos casos. ¿Es exigible que lo abonen?