La polémica suscitada por la exención en el IBI a los inmuebles religiosos se vive en la distancia desde el Arzobispado de Zaragoza, donde ayer aseguraron a este diario que "no se pagará mientras no cambie la ley", una regulación que les protege y que ellos defienden que "no es la Iglesia la que la hace, sino los partidos políticos", los mismos que, según recordaron las fuentes oficiales, "tampoco pagan el impuesto y nadie dice nada".

Desde la curia zaragozana apelaron, como ya hiciera el presidente de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, a la ley de mecenazgo y los acuerdos con la Santa Sede que definen claramente estas exenciones. Un acuerdo que seguirá vigente mientras el Ejecutivo central no decida revisarlo. "Nosotros no somos quienes hacemos la ley, solo nos corresponde acatarla", afirmaron las fuentes consultadas. Por eso, hasta que no haya cambios, seguirá todo igual, y aunque se pida desde algunos colectivos laicos o formaciones de izquierda, "no entraremos a valorar que se cambie o no la legislación". Sin embargo, "no se entiende por qué se centra en la Iglesia y no en los partidos políticos, la ONCE o el hotel Ritz, por poner ejemplos, que tampoco lo pagan y de los que nadie habla".

Por otro lado, el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza tiene claro su posicionamiento político en un debate que considera "ficticio" porque "es una cortina de humo para enmascarar la incompetencia en la gestión de Belloch".

Así lo aseguró su portavoz, Eloy Suárez, quien tildó de "caza de brujas hacia una determinada confesión religiosa", porque las entidades que están exentas "hacen una importante labor social y, junto a la Iglesia, son motores para resolver los dramas sociales de la calle". "Pero al PSOE le interesa el debate de las dos Españas, del frentismo, y en lugar de hacer propuestas para salir de la crisis se dedica a los enfrentamientos ficticios", dijo el portavoz del PP.