El Ayuntamiento de Zaragoza entrará el próximo viernes de lleno en la polémica por las exenciones fiscales de las que se beneficia la Iglesia católica en Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y los cuantiosos ingresos a los que renuncia cada año por la actual ley de mecenazgo en la que se ampara la curia para no abonarlo. Pero no es el único caso que protege la ley. Una benevolencia fiscal con otras instituciones que le supone cada año a la capital aragonesa dejar de ingresar 9,42 millones de euros.

Son ingresos que recaudaría si pagaran los 1.316 inmuebles que están exentos por ley de abonar el IBI en la ciudad y que pertenecen, en la mayoría de los casos, a la Iglesia católica u otras confesiones, un total de 447 con un valor catastral global de 314,47 millones de euros (el 50% de su valor en el mercado) y por los que se podrían haber ingresado 2,04 millones con este impuesto.

Tras ellos están los 381 inmuebles de fundaciones amparadas por la ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo a la Iglesia católica. Por ellos se podría recaudar en Zaragoza otros 1,2 millones por unos inmuebles con un valor catastral global de 185,4 millones de euros.

OTRAS EXENCIONES Otros, sin ser tan numerosos, también podrían representar una importante fuente de ingresos para el consistorio. Como los seis inmuebles exentos de pagar el IBI que pertenecen a Defensa o la seguridad. Su valor catastral supera los 514,2 millones de euros y representarían 3,33 millones para las arcas municipales. O los 15 que pertenecen a Renfe, que tienen un valor catastral de 129,29 millones de euros y podrían haber tenido que pagar por ellos 839.222,7 euros.

El resto lo completan los 78 inmuebles de la enseñanza concertada, valoradas en 214,4 millones de euros y deberían haber aportado 1,39 millones de euros --aunque el Estado acaba pagando esta cuantía al ayuntamiento--; los tres que pertenecen a Gobiernos extranjeros, con un valor de 3,39 millones y por los que se deberían haber pagado 22.059,73 euros; o los 276 edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC), con un valor de más de 78,3 millones por los que se podían haber recaudado 508.596,08 euros. Hay otros 110 inmuebles en la ciudad, valorados en 11,8 millones y que podrían haber aportado 76.603,82 euros, que también están exentos en la actualidad de pagar el impuesto.

De esta manera, los edificios religiosos son los más numerosos en cuanto a las exenciones fiscales del IBI, del que están liberados todos aquellos que están dedicados al culto o están amparados por la ley de mecenazgo acordado con el Vaticano. Del IBI y, en otros, del de Construcciones y Obras (ICIO) o plusvalías, en los que no siempre se les cobra.

Una protección legal que llega, según explicó el ayuntamiento ayer, a las explotaciones económicas de prestación de servicios de promoción y gestión de la acción social; la de prestación de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria; las de investigación científica y desarrollo tecnológico; los bienes declarados de interés cultural conforme a la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de las comunidades autónomas, así como de museos, bibliotecas, archivos y centros de documentación; o de la organización de representaciones artísticas; así como de parques y otros espacios naturales protegidos; o de enseñanza y de formación profesional; o de prestación de servicios de carácter deportivo; o aquellas explotaciones económicas cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere los 20.000 euros.

Es decir, que ahora el escenario de inmuebles exentos del IBI, lo que deja la ley, no se limita a los edificios dedicados al culto (de todo tipo de religiones) como especifica la Ley de Haciendas Locales sino también todo tipo de entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. Y ahora el debate se centra en si todos tienen derecho a ello.