En pleno debate político y social sobre la conveniencia de que los partidos y las administraciones públicas hagan gestos que permitan a los ciudadanos recobrar la confianza en el sistema político, el PP y el PAR perdieron ayer la oportunidad de ratificar su compromiso con la transparencia al rechazar tres proposiciones de ley que buscaban profundizar en este sentido. El pleno de las Cortes debatió ayer sobre estas tres propuestas (dos presentadas por el PSOE y una por CHA) que solo fueron apoyadas por los 30 diputados de la oposición (los dos partidos proponentes e Izquierda Unida).

Las iniciativas pretendían modificar tres leyes: la del Presidente, la Electoral y la de la Cámara de Cuentas de Aragón. En el caso de las dos primeras, se quería establecer un control sobre las asignaciones económicas de los miembros de los Ejecutivos autonómicos y de los diputados.

El PP y el PAR argumentaron que eran iniciativas "oportunistas" y también manifestaron su intención de que una futura ley autonómica regule todas estas cuestiones. Es la Ley de Transparencia que ha anunciado el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi --que no asistió al pleno-- pero que no ha remitido a las Cortes.

PASO ATRÁS También, como señaló el portavoz del PP Antonio Torres, se está redactando y a punto de aprobar un Reglamento de las Cortes que también articulará una serie de cláusulas sobre la transparencia y la actividad de los cargos públicos. Torres también consideró que estas propuestas deben presentarse de forma consensuada y entre todos los partidos. En cualquier caso, se podría haber hecho durante la tramitación de la ley mediante enmiendas, en ponencia.

La oposición recriminó a los dos partidos que sustentan al Gobierno que no apoyara estas iniciativas. Según indicaron los portavoces de los grupos, no iban contra nadie, sino que pretendían contribuir a evitar la desafección ciudadana. En palabras de Javier Lambán, presidente del grupo socialista y encargado de defender las iniciativas que ayer presentó su partido, ayer se dio "un paso atrás" y se ha puesto una traba más para que los ciudadanos "recuperen la confianza" en sus políticos.

Adolfo Barrena, portavoz de IU, también incidió en esta cuestión, aunque fue más taxativo a la hora de reclamar --algo que su partido ha hecho en el Congreso y en las Cortes en numerosas ocasiones-- que los políticos formen parte del mismo régimen que el resto de trabajadores. "Se ha perdido la oportunidad de dar un mensaje claro a la ciudadanía de que se quieren abordar los problemas", señaló. La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, cuestionó al PP y el PAR, a los que acusó de cercenar "el trabajo legítimo de la oposición y del Parlamento" y de fomentar "la perversión del sistema democrático". Su compañero de partido, José Luis Soro, consideró que ambos "respaldan la impunidad" al oponerse que la Cámara de Cuentas fiscalice a los partidos.

PASOS POR LA TRANSPARENCIA El argumento que dieron tanto Torres como Antonio Ruspira, portavoz del PAR, es que se están dando pasos para fomentar la transparencia y que se van a seguir dando más.

La primera de las modificaciones, la de la ley del Presidente, perseguía que tanto el presidente como los consejeros no puedan percibir dietas o indemnizaciones aparte de su sueldo, que hagan una declaración de las actividades profesionales mercantiles o laborales de los dos años anteriores a su toma de posesión como alto cargo y que en los dos años siguientes no puedan desempeñar cargos en empresas o sociedades privadas relacionadas con su cargo anterior.

La segunda, que quería cambiar un punto de un artículo de la ley electoral, tenía como intención que los parlamentarios aragoneses no puedan percibir ninguna retribución adicional que no sea su salario ordinario como diputado, de forma que no puedan percibir otros ingresos por el desempeño de otros cargos ni dietas. Un diputado autonómico que viva en Zaragoza cobra casi 10.000 euros anuales por trasladarse a su trabajo en el Palacio de la Aljafería. El resto, entre 12.000 y 25.000, en función de la distancia de su lugar de residencia.

Tampoco salió adelante la propuesta de CHA que pretendía que la Cámara de Cuentas pudiera fiscalizar las cuentas de los partidos aragoneses. La Cámara de Cuentas es un órgano público que examina la gestión de las finanzas de las entidades públicas, pero su labor es relativamente útil. En estos momentos, se están examinando las cuentas de la comunidad autónoma de los años 2008 y 2009. Es decir, se revisan facturas y gestiones realizadas hace cinco y seis años.