Solo habían pasado 48 horas del último descalabro municipal en la negociación con la dirección y el comité de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ), y con la huelga ya confirmada, cuando CHA e IU se repusieron del golpe y pasaron al contraataque de cara a reintentar poner fin a este conflicto "enquistado". Y lo hicieron para volver a presionar al Gobierno para que dé pasos al frente y haga lo mismo con la concesionaria apuntando a donde más le va a doler: las facturas pendientes de cobrar. Todas suman, las reconocidas por el consistorio, unos 27 millones de euros, y ambas formaciones de izquierda abogan por poner contra las cuerdas a la empresa retrasando al máximo el pago de las mismas.

Así, el portavoz de CHA, Juan Martín, sin entrar a hablar de un bloqueo directo de esos pagos, sí apostó por tomarse "un dilatado periodo de tiempo para estudiar con todos sus matices cada petición de facturas de pago pendiente", analizar una a una "con toda la diligencia, precaución y seguridad" y en un plazo que el nacionalista estimó que "no será inferior a seis meses". Sería un "cero a la japonesa" en ese estudio de los pagos porque "somos gente muy concienzuda".

O lo que es lo mismo, "que no se le pague ni un céntimo hasta que la empresa no haga lo que tiene que hacer", como resumió más claramente el edil nacionalista Carmelo Asensio en la Comisión de Economía y Hacienda. Una expresión que, por la intencionalidad, podría acarrear problemas de carácter jurídico, pero que en esencia es lo que se pretende trasladar a AUZ en una reunión a la que, según Martín, el Gobierno de la ciudad debería convocarle con la recolocación de los despedidos como punto único de discusión. Nadie impide a los nacionalistas tomarse su tiempo para analizar esas facturas y la deuda es abultada para pensárselo, ya que la empresa reclama más de 35 millones.

DESDE 2003 Además, Martín abrió una nueva vía de presión: realizar una "auditoría imparcial" de la deuda. No aclaró si se encargaría a una empresa externa, pero lo cierto es que hace diez años que se le hizo una y entonces el consistorio logró destapar gastos como el pago de un coche al servicio del gerente de la concesionaria. Entonces, la factura se redujo en un millón.

Mientras, desde IU, su portavoz, José Manuel Alonso, destacó en la comisión, en esta misma línea, que su formación "valoraría la posibilidad de votar en contra cualquier modificación de crédito que se refiera a pagos a esta empresa". Esa es, exactamente, la clave para entender este bloqueo a las facturas pendientes de abonar, porque, como subrayó Juan Martín, "la partida para movilidad se agotó ya en junio" y cualquier pago a la concesionaria del bus se tendría que hacer introduciendo cambios en el presupuesto e implementando esa partida. Para eso, el Gobierno sí necesitaría los votos de CHA e IU, o del PP, y ahí está su fuerza para presionar al PSOE a renegociar con la empresa.

El edil Raúl Ariza también destacó que un informe de Contratación dirá en breve que la empresa debió informar con más antelación de la venta del Grupo Avanza al ayuntamiento, algo que no se produjo hasta que se le reclamó "el 19 de septiembre". Esto "podría ser motivo de rescisión o de multa" y anunció que pedirán un segundo informe a la asesoría jurídica. Además, calificó de "despreciable" la actitud de AUZ por animar al personal a hacer huelga.