El banquillo de la operación Molinos tendrá un máximo de 44 acusados. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza resolvió a finales de septiembre los últimos recursos presentados por diez de las 45 personas en cuya actuación percibió indicios de delito el juez de La Almunia. Solo una de ellas, la dueña de Viajes Sauco, Ruth Lorés, se cayó de la lista.

Las otras 44 se encuentran a la espera de que el magistrado del juzgado número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, reabra el turno de 60 días para formular las conclusiones provisionales que dio a las acusaciones --Fiscalía, Abogacía del Estado y Ayuntamiento de La Muela-- unos días antes de suspenderlo, precisamente, por la presentación de esos recursos.

El juez, prudente durante toda la larga instrucción --la causa cayó sobre su mesa en abril del 2008--, temió que el tribunal provincial pudiera retocar su auto de acomodación, en el que fijó los hechos enjuiciables y la lista de delitos que presuntamente había cometido cada uno de los imputados, y que alguna de las acusaciones llegara a formular cargos contra alguien que después quedara exonerado.

Ahora, según explicaron fuentes jurídicas, el magistrado está esperando a que la Audiencia le remita el legajo que necesitó para resolver los recursos. Una vez lo reciba, reabrirá el turno.

80.000 FOLIOS El de La Muela será, a expensas de cómo evolucione el caso Plaza, el asunto de presunta corrupción con más imputados que nunca se haya investigado en Aragón. Es también el más voluminoso. De hecho, sus casi 80.000 folios superan a los que conformaban el sumario de la operación Malaya.

Lo enjuiciará la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ya ha contactado con la DGA para habilitar los medios que permitan celebrarlo en el otoño del año que viene.

La lista de delitos a juzgar, salvo que las acusaciones opten por descartes no previsibles a fecha de hoy, incluye la práctica totalidad del catálogo de infracciones contra la Administración pública y de tipo económico que contempla el Código Penal. Aunque, antes de entrar en detalles sobre si los acusados los cometieron o no, los magistrados deberán resolver una avalancha de cuestiones previas entre las que se incluirán la validez de las escuchas telefónicas, la prescripción de algunos delitos fiscales en aplicación de la doctrina Conde Pumpido --Hacienda los persiguió penalmente cuando estaban administrativamente prescritos-- o la competencia del juez de La Muela para investigar esos asuntos tributarios.

Solo cuatro imputados están en libertad bajo fianza: Marivi Pinilla --800.000 euros, récord en Aragón--, Julián de Miguel, José Carlos Fernández Delgado y Juan Carlos Rodrigo Vela.