El segundo aniversario de Mariano Rajoy en el Gobierno coincide con la aparición de los primeros síntomas de recuperación de la economía española y con el anuncio formal del cierre del rescate europeo de la banca española. El anuncio se interpreta como un reconocimiento al esfuerzo realizado en la reestructuración del sector --el principal punto negro de desconfianza hacia la economía española-- capaz de dar alas al incipiente proceso de recuperación de la economía española.

Desde que Rajoy accedió a la Moncloa hay datos que se han dado la vuelta como un calcetín. El PIB ha logrado crecer en el tercer trimestre el 0,1% después de año y medio en recesión. La prima de riesgo española, que llegó a los 650 puntos en julio del 2012, se sitúa ahora en torno a los 230 puntos. La llegada de capitales extranjeros se ha duplicado. El índice de la bolsa ronda los 10.000 puntos. La industria automovilística española se presenta como modélica en la prensa exterior. La llegada de turistas extranjeros bate récords y el déficit exterior, que alcanzó el 10% del PIB en el ejercicio 2007 se ha tornado en un superávit de casi el 3%.

Pero hay lastres que anticipan que la recuperación será lenta, tímida y con altibajos. En los dos últimos años, se han destruido 610.000 empleos y la tasa de paro ha pasado del 24,44% al 25,98% de la población activa. La deuda pública ha aumentado en 24 puntos y camina hacia el 100% del PIB. La morosidad bancaria récord del 12,2% anticipa que tardará mucho en volver el crédito a la economía y mientras el banco malo no logre digerir todos los activos tóxicos del ladrillo, el sector inmobiliario seguirá en la UVI.

EL CONSUMO

La caída de los salarios presagia que el consumo también tardará en recuperarse.

Sea como sea, el giro en la economía española no hubiera sido posible sin la desaparición de la amenaza de fractura del euro que existía cuando Rajoy llegó a la Moncloa. En estos años, la política económica casi se ha limitado a reducir el déficit público en un contexto en que el país ha permanecido intervenido de facto por la UE.

Para hacer bajar el déficit del 9,56% del PIB heredado a finales del 2011 al 6,5% previsto para este año, ha sido preciso adoptar ajustes por 80.000 millones y meter en cintura las cuentas de las autonomías con la nueva ley de estabilidad presupuestaria. Aún falta otro ajuste de 30.000 millones hasta el 2015.

En realidad, la indiscutida medida de estímulo al crecimiento adoptada por este Gobierno ha sido la inyección de más de 41.000 millones a empresas y autónomos a través de los planes de pago a proveedores para saldar las facturas pendientes de pago de las administraciones.

La reforma laboral también es percibida por los empresarios como una medida de estímulo de la inversión (pues reduce los costes laborales) pero no así por los trabajadores.

La ingente reforma del sector financiero (que ha consumido 61.366 millones de ayudas públicas, de los que 46.000 ya se han contabilizado pérdidas para el contribuyente) tardará en dar frutos y hoy por hoy, más que impulsar la economía, la frena por la restricción del crédito.

Para el futuro inmediato, queda culminar la reforma de las pensiones, que restará poder de compra a los jubilados en los próximos años y reducirá las prestaciones futuras.

La reforma fiscal del 2014 será la ocasión para comprobar si Rajoy cumplirá al final de su mandato su compromiso electoral de bajar impuestos, tras haber acometido las mayores subidas de IRPF e IVA de la democracia. También se ha dejado para el final el diseño de nuevos modelos de financiación autonómica y local que deberían facilitar el acceso a recursos suficientes.