La Universidad de Zaragoza asegura no haber llevado a cabo planteamientos extraordinarios, pero la jornada de huelga de estudiantes convocada para hoy se afronta con cierta inquietud en el seno de la institución académica. Los últimos acontecimientos vividos el pasado 24 de octubre, cuando algunos piquetes protagonizaron incidentes que acabaron con varios detenidos e, incluso, el propio rector, Manuel López, llegó a ser zarandeado, obligan al rectorado a permanecer alerta ante lo que pueda suceder en esta nueva convocatoria.

La jornada de huelga en centros de Secundaria y universidades, convocada a nivel estatal por la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), Estudiantes en Movimiento (EeM) y la Plataforma de Afectados por las Tasas (PAT) y a la que en Aragón se han adherido numerosos colectivos estudiantiles, incluye una manifestación que partirá a las 11.00 horas de la plaza San Francisco y llegará hasta el edificio Pignatelli.

En esta ocasión, la protesta se centraliza contra de los recortes y la política de becas, aunque, en Aragón, sindicatos estudiantiles añaden otras revindicaciones, como "las políticas del neoliberalismo en educación impuestas desde el Espacio Europeo de Educación Superior" y advierten de que "a las medidas Gobierno central que suponen recortes presupuestarios generalizados, en el programa de becas, despido masivo de profesorado y la mercantilización y elitización de la educación pública se suma un claro colaboracionismo del gobierno de Aragón en el desmantelamiento y venta de la educación pública".

En este sentido, los estudiantes aragoneses reclaman a la DGA el pago del dinero que adeuda a la Universidad de Zaragoza --más de 6 millones de euros--, junto con la "devolución de los presupuestos recortados en los últimos años".

MÁS EXIGENCIAS

Asimismo, reclaman la "reforma y adecuación inmediata" de los centros educativos públicos con unas condiciones de seguridad adecuadas --Facultad de Filosofía y Letras o colegio Joaquín Costa--, así como el "mantenimiento de los dos primeros cursos de la ESO en los Centros Rurales Agrupados (CRAs), sin cierre de ninguno y de la FP en los institutos".

Los colectivos añaden a sus reivindicaciones la "apertura y mantenimiento" de las residencias de estudiantes públicas en aquellos lugares que acogen estudiantes de otros pueblos y ciudades y la reapertura del centro Luís Buñuel de Teruel.

Además, exigen la "recuperación de las becas eliminadas" y "reducción de los requisitos restrictivos añadidos en los últimos años", así como la "derogación" del recorte en las becas Erasmus.

También piden el mantenimiento del Bachillerato de Artes Escénicas y Musicales y rechazan la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y la Ley de Mecenazgo en las universidades.

Algunos colectivos también muestran su oposición a la implantación de la FP dual porque "supone un deterioro de la formación de los estudiantes y las empresas salen beneficiadas con mano de obra gratuita".