Cuando los tiempos que maneja la Administración central no coinciden con la rapidez con la que cambian los hábitos en las ciudades, y cuando estas se deciden a legislar anticipando cambios normativos que nunca llegan, a veces sucede que salta el conflicto y son los tribunales los que acaban dictando que la legalidad vigente no coincide con las normas de convivencia marcadas por los ayuntamientos. Y toca retroceder, y hacerlo de urgencia para cumplir y hacer cumplir la ley. Es la lectura que muchos colectivos vecinales de Zaragoza hacen con la prohibición a las bicicletas de circular por las aceras y zonas peatonales, dictada por sentencia judicial en el Tribunal Supremo, ratificada esta semana por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y de obligado cumplimiento al día siguiente de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así que deja una situación en la que hay que dar respuesta a las múltiples dudas que crea y promete generar la aplicación de unas normas de circulación que cambian las establecidas por la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas en la capital aragonesa, aprobada en el 2009 y que urge ser revisada en pocos días, con la supresión de artículos que dejaban a las bicis rodar por plazas, calles peatonales y aceras con un mínimo de 4 metros de anchura. Y hacerlo rápido, quizá en la reunión de mañana del Observatorio de la Bicicleta para aplicarlas al día siguiente.

MUCHAS INCÓGNITAS Pero las incógnitas que genera son muchas, las vivirá el ciudadano a pie de calle y amenazan con afectar al uso de este medio de transporte más sostenible. En la bici, por otra parte, también se ha apoyado el consistorio en el diseño de su trama urbana y su estrategia de movilidad para sacar al vehículo privado del centro. Una apuesta por fomentar el uso a través de unas infraestructuras --más de 100 kilómetros de carriles bici-- que ahora se consideran insuficientes para mantenerlo, y que se apoyan en exceso en las zonas peatonales para ofrecer continuidad en los desplazamientos largos.

Atravesar un paso de peatones para ir de acera a acera, recorrer la calle Alfonso o el Coso alto en bici, dejar una bicicleta en la estación Bizi de la plaza del Pilar o cruzar la plaza Paraíso por la isleta que hace de glorieta se ve a diario en Zaragoza, lo hacen miles de ciudadanos, y ya no se podrá hacer si no hay cambios, normativos o de infraestructura.

El debate estrella del paseo Independencia se ve por los usuarios como un rifirrafe absurdo. Es un símbolo, pero el problema más serio es otro: ¿Es seguro ir por la calzada? ¿Lo será? Eso se preguntan los que conocen los multiples tramos en los que, como en Gran Vía, el carril bici se interrumpe y lleva a una glorieta transitada por decenas de miles de coches al día y tres carriles de circulación. El usuario pide una respuesta a esas situaciones o amenazan con aparcar la bici.

Por eso, sin esperarlo, la protesta convocada para hoy por el colectivo Pedalea cobra aún más interés. Se reclamarán al consistorio más carriles bici, más seguridad, más señalización, más información al ciclista pero también al resto de conductores. Porque el conflicto de las aceras no puede trasladarse a las calzadas. Y si cinco años no han sido suficientes para asegurar la convivencia peatón-ciclista, ¿cuántos serán necesarios para garantizar la normalidad en el asfalto? La red ciclable, en cualquier caso, no puede resultar, como ya ocurre, una sucesión de tramos inconexos que obligará al ciclista, forzosamente, a tomar la calzada. Colectivos como Pedalea o Acera Peatonal defienden que la incertidumbre se ataja con campañas de información.