La corrupción no es solo un problema personal, la legislación no ha permitido reducir las conductas de este tipo por su opacidad". Así de contundente se mostró ayer el vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, José María Gimeno, en unas jornadas sobre contratación pública que se celebraron el martes en el CaixaForum y en las que se habló de la nueva legislación en la materia.

Leyes de nuevo cuño que tratarán de evitar el sobrecoste del 20% que actualmente está cuantificado en los concursos públicos por la falta de concurrencia a los contratos. Y también las conductas irregulares, justo después de conocerse la trama de corrupción que salpica a medio centenar de destacados políticos por mordidas precisamente en los contratos públicos.

Por eso la corrupción fue un asunto recurrente en las jornadas y en la exposición de Gimeno, también catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza y miembro del Observatorio Nacional de la Contratación Pública. "Todos los casos de corrupción que se han destapado en los últimos tiempos, a excepción del caso de los ERE en Andalucía, están relacionados con la contratación pública", apuntó.

Porque, además, está muy ligada a la economía, dado que el volumen de la contratación pública supone el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) en España. Por eso, indicó Gimeno, se está ultimando una nueva ley de contratos públicos, cuyo proyecto se presentará en la próxima primavera en las Cortes Generales. "El objetivo de las Administraciones --apuntó el catedrático-- debe ser conseguir el máximo de concurrencia para poder conseguir precios de economía de escala".

De hecho, según los datos que maneja, los contratos en las Administraciones públicas tienen un sobrecoste de hasta un 20% porque no se cumplen estas prescripciones. A partir de estas cifras, la nueva Ley de Unidad de Mercado tratará de incrementar lo más posible la concurrencia a los contratos públicos y para ello se unificarán los diferentes perfiles del contratante en una gran plataforma de contratos del sector público. "Hemos detectado más de 20.000 en toda España, no todos de las Administraciones públicas, pero aún así la concurrencia era inviable y el sistema, contrario al derecho comunitario", indicó.

Además, desaparecerá el procedimiento de contrato negociado sin publicidad --la legislación aragonesa ya lo prohibía-- y también se regularán los modificados contractuales, de modo que no sirvan para alterar las reglas de la licitación.