La macroperación puesta en marcha ayer por la jueza Mercedes Alaya permitió desmantelar una red "criminal" dedicada supuestamente a amañar contratos públicos de mantenimiento de parques y jardines en las administraciones. Los detenidos rondan la treintena, entre ellos funcionarios, técnicos y políticos, y aunque la mayoría de los arrestos se realizaron en Andalucía, la red extendió sus tentáculos a Canarias, Extremadura, Madrid o Barcelona.
Cuatro de los 32 arrestados quedaron en libertad tras prestar declaración, pero a última hora, Alaya decretó el ingreso en prisión bajo fianza de 180.000 euros para Juan Andrés Bruguera, director comercial de Fitonovo, empresa dedicada al mantenimiento de zonas verdes y convertida en principal adjudicataria de estos servicios ahora bajo sospecha. Bruguera fue conducido a la cárcel ante la imposibilidad de afrontar la fianza.
El origen de esta Operación Enredadera se remonta a las irregularidades en una venta de suelos en el mercado mayorista Mercasevilla. Tirando de ese hilo los agentes detectaron dádivas y sobornos a un asesor municipal del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, detenido hace año y medio, a cambio de contratos en el área de Parques y Jardines.
El dinero procedía de Fitonovo, que creó una red de funcionarios que supuestamente le facilitaron la adjudicación de servicios a cambio de comisiones, dañando el interés público al "pervertir los procedimientos de adjudicación y no realizar las prestaciones comprometidas", según la Guardia Civil. Una "contabilidad paralela, que se nutría de facturación falsa", permitía registrar, entre otras cosas, los sobornos e identificar a los funcionarios influenciables.
DOS POLÍTICOS
Los detenidos están vinculados a los servicios de carreteras de diputaciones provinciales, consejerías regionales o el Ministerio de Fomento, y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), como es el caso de las detenciones llevadas a cabo en Zaragoza. La lista la integran también dos políticos, Cristóbal Pérez, edil del Partido Popular en La Carolina (Jaén), y Sergio Machín, exconsejero de Residuos del Cabildo de Lanzarote y ahora portavoz de Coalición Canaria en esta institución.
Entre los detenidos en Andalucía hay dos jefes de área de la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, y un exdirigente de IU que asesoró a Antonio Rodrigo Torrijos, primer teniente de alcalde de Sevilla y al que según un directivo de Fitonovo le entregó 85.000 euros (70.000 de ellos en una caja de zapatos) antes de las elecciones municipales del 2011.
De forma paralela al desarrollo de la operación, la jueza citó en su despacho a siete imputados por las operaciones previas para comunicarles la ampliación de la acusación, entre ellos los directivos de Fitonovo Rafael González Palomo y su hijo José Antonio González Barón, que estuvo preso tres meses.
La Fiscalía ha pedido dos millones de fianza civil para González Palomo y un millón para su hijo, 500.000 euros para el administrador de Fiverde, otra empresa del grupo, Ángel Manuel Macedo, y 200.000 para el exdirector de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y exconcejal del PP Joaquín Peña.
Ayer tarde también fue citado Francisco Amores, exjefe de servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, y Luis Huertas, responsable de mantenimiento del sevillano parque María Luisa.
