Ni sindicatos ni pacientes acogen con fervor la reestructuración del mapa sanitario aragonés. Los primeros muestran su rechazo total a la medida y admiten su temor ante posibles repercusiones en el personal, mientras que los usuarios se muestran escépticos y exigen al Salud que el nuevo panorama no les afecte. "No estamos en contra de la unificación de áreas siempre que no perjudique de alguna manera a la atención a los pacientes y sea solamente una racionalización de la gestión", indicó Tomás Mainar, presidente del Foro Aragonés del Paciente.
La principal inquietud de los usuarios se centra en el medio rural y que tanto centros de salud como consultorios "no se vean comprometidos", añadió Mainar, que expuso que la unificación "debería servir para disminuir personal de los servicios de dirección y gestión, así como para racionalizar los servicios y en particular los superespecializados".
Pero los pacientes sí rechazan de lleno que el director de gestión dependa directamente del director gerente del Salud, "ya que puede ser una forma de gestionar con criterios económicos y no de servicio" y tampoco comparten que la medida favorezca el derecho de libre elección en Primaria porque "aunque teóricamente pueda haber más capacidad de elección al abarcar el área mas centros de salud, en la práctica no va a darse por el tema de cercanía al domicilio".
Por su parte, los sindicatos aseguran estar indignados. "Constituye una redistribución de competencias y de efectivos al servicio de la Administración sin ningún tipo de negociación con la representación de los trabajadores", advirtió Alicia Hernández, de UGT, que alertó de "consecuencias para el personal".
CCOO aseguró que la medida provoca que el consejero Ricardo Oliván cierre la legislatura "poniendo la primera piedra para el desmantelamiento de la sanidad pública aragonesa". El secretario general, Juan Urdániz, criticó que el proyecto se haya acometido "sin apoyo social de ningún tipo" y cargó contra un modelo "fracasado en otras comunidades autónomas, que será el colofón a una legislatura que ha sentado las bases de las futuras privatizaciones en la sanidad aragonesa". CCOO aseguró que el decreto es "una sarta de falacias" y aseguró que todo está encaminado a reducir la contratación al máximo, la centralización de centros y servicios sanitarios y el sometimiento de determinados profesionales, como los especialistas de Área, a un sistema de movilidad forzosa sin que se hayan pactado las condiciones con la representación de los trabajadores".
El sindicato médico Cemsatse avisó de que la medida "ha demostrado su ineficacia y los perjuicios para profesionales y usuarios allá donde se ha implantado" y anunció próximas movilizaciones.
