Apenas un año después de haber ganado las elecciones, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero puso en manos del catedrático Francisco Rubio Llorente, a quien eligió como presidente del Consejo de Estado, uno de los proyectos estrella de su mandato: reformar la Carta Magna. Así, en marzo de 2005 el Gobierno aprobó remitir a este órgano consultivo un documento en el que le pedía una modificación de la Constitución en cuatro puntos: acabar con la prevalencia del varón sobre la mujer en la Corona; la reforma del Senado; la enumeración de las comunidades y el reconocimiento al Tratado de la UE.

La idea de Zapatero era lograr el respaldo del PP (creía que no frenarían una reforma con guiño a la continuidad de la monarquía) para, a finales de 2008, disolver las Cortes y celebrar el obligado referéndum sobre la reforma constitucional junto a las siguientes generales. La primera respuesta de Rajoy fue condescendiente, pero fue cambiando según fue avanzando, en paralelo, las reforma del Estatuto catalán.

"A mi no me vale que se quiera reformar la Constitución y se hable con el PP porque es necesario. Y mientras tanto se reformen estatutos que pueden traer consecuencias más graves para España sin el PP", afirmó Rajoy en agosto del 2006. Eso no impidió que en noviembre de ese mismo año Rubio Llorente le invitara a una reunión para hablar de la reforma en marcha. Junto al presidente del PP acudieron Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo.

En la cita, los conservadores aclararon a Llorente que respaldaban el cambio de sucesión en la Corona. Tampoco se oponían a los otros tres puntos pero querían que las reformas estatutarias necesitaran dos tercios de votos en las Cámaras para ser apoyadas; que se modificara la posibilidad de anexión de Navarra a Euskadi y que se fijasen competencias del Estado no transferibles.

Rajoy, Santamaría y Trillo salieron encantados de aquella reunión. Unas semanas después, el Consejo de Estado hizo pública su propuesta, que desbordaba con mucho los cuatro puntos sugeridos por el PSOE y, alegando que había "riesgo de crisis" del modelo territorial, proponía un techo competencial definitivo. En la línea del PP. Apostaba también por modificar el título VIII y hacer un listado de competencias estatales "indelegables". Eso y recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad en caso de desacuerdo entre Congreso y Senado para reformas estatutarias. Los populares pasaron de eludir la reforma de Zapatero a exigir de inmediato la modificación, antes de que se revisasen en las Cortes los Estatutos. entonces fuueron los socialistas los que enfriaron una reforma con trampa. Diez años después, Rajoy recupera su conexión con Rubio Llorente.