Fue en julio del 2013. Acababa el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba de aprobar la denominada Declaración de Granada, esto es, un gran ejercicio de equilibrismo (el exsecretario general del PSOE reconoce los quebraderos de cabeza internos por aquel pacto interno) que apostaba por hacer virar a España hacia el federalismo por el camino de una reforma constitucional. Cataluña ya hervía y el soberanismo ganaba terreno. En aquel tiempo los populares, en público, denostaban la iniciativa socialista. En privado, algunos ministros y dirigentes relevantes del PP ya admitían que el debate sobre la reforma de la Carta Magna habría de ver la luz sí o sí, aunque su jefe, Mariano Rajoy, al calor de su mayoría absoluta, prefería guardarse esa bala electoral (y política) para la siguiente legislatura.
El mensaje de "ahora no, más adelante ya veremos" no solo se lo dio Rajoy durante los tres primeros años de legislatura a los colaboradores que le planteaban la posibilidad de promover el debate constitucional para, entre otras cosas, intentar frenar el referéndum que se pedía desde la Generalitat. Ofreció el presidente idéntica respuesta durante mucho tiempo al propio Rubalcaba y a empresarios y representantes de la sociedad civil que trataron de mediar entre el Ejecutivo y Cataluña antes del 9-N.
ABDICACIÓN Y DIÁLOGO
Rajoy se aferró entonces a su tesis de que avalar una reforma constitucional no serviría para frenar las ansias independentistas y que el debate debía centrarse en la superación de la crisis. La abdicación de Juan Carlos tras las europeas de ese año --elecciones en las que Podemos asomó la patita electoral-- y la proclamación como Rey de Felipe VI en un momento de máxima tensión institucional, que afectada a una Corona salpicada por la corrupción, tampoco animó a Rajoy a abrir un debate que, para muchos, hubiera sido la mejor respuesta política al desafío soberanista, tal y como le transmitieron sin éxito a Rajoy en aquellos meses.
CONVERSACIONES DISCRETAS
Pese a sus negativas en público y privado a abrir el melón constitucional --"¿pero exactamente para qué?", solía responder el presidente a quien se lo planteaba--, no dejó de mirar de reojo a Cataluña y a la variante del modelo territorial. Incluso, permitió conversaciones secretas en las que la Constitución fue también protagonista. Tal y como informó este diario el pasado noviembre, en el 2013 se habían iniciado con las bendiciones de Rajoy y de Artur Mas contactos reservados entre el sociólogo de cabecera del PP, Pedro Arriola, y Joan Rigol, histórico dirigente democristiano y responsable del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Se trataba de reconducir las relaciones entre el Estado y la Generalitat.
Ya en enero del 2014 se sumó a ellos un emisario del PSOE, el discreto José Enrique Serrano. Estos tres hombres mantuvieron abierto este cauce de diálogo contra viento y marea hasta las vísperas del 9-N, dejando en un segundo plano muchos de los momentos tensos que en esos meses protagonizaron los presidentes del Gobierno y de la Generalitat y sorteando en pro del consenso tanto los anuncios provocadores de un lado como las respuestas inflexibles a golpe de recurso en el Constitucional de otro. Fuentes conocedoras de sus conversaciones explicaron en su día a este diario que las posibles fórmulas de pregunta en una hipotética consulta o la ahora de nuevo en boga reforma de la Carta Magna como tercera vía ocuparon horas de charla de estos tres veteranos políticos.
Llegó el 9-N; la definitiva intervención del Constitucional; las denuncias a Mas ante la fiscalía; la ruptura de puentes. Los populares endurecieron su discurso en Cataluña al observar que el joven líder de Ciutadans, Albert Rivera copaba su espacio.
RAJOY ABRE CONSULTAS
Pero en ese mismo otoño, en el 2014, ya pasada la fecha decretada para la consulta, Rajoy comenzó a interesarse por las propuestas de reforma constitucional que antaño le habían esbozado ministros y colaboradores. Afirman fuentes populares consultadas que fue el titular de Exteriores, García Margallo, quien se tomó con más entusiasmo la consulta del presidente y que hasta le hizo llegar un borrador de reforma de su cosecha. Margallo ya había demostrado su pasión por estos temas publicando hacía años un libro en el que defiende otro modelo de financiación basado en un aumento notable de la autonomía fiscal de las comunidades.
Rajoy, al parecer, tomó nota de cuanto escuchó; releyó propuestas ya difundidas y decidió guardarse la bala de la reforma constitucional hasta las vísperas de las generales y de las catalanas. Y eligió modelo: el que en la era Zapatero había diseñado el Consejo de Estado. El pasado viernes, en Marivent, formalizó el anuncio. Ayer lo confirmó.
