Puede ser entendible que a la hora de redactar y aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón no se tenga el conocimiento certero de a dónde va destinado hasta el último euro de cada partida. Pero también es igual de comprensible que si no se sabe, uno se informe convenientemente antes de tocar nada. Porque si esto no se hace, lo normal es errar.

En el presupuesto del Gobierno de Aragón del 2015 se practicó un recorte desmesurado a las comarcas. Un hecho que pone en peligro la supervivencia de los servicios sociales y que abrió el melón de la arquitectura institucional: ayuntamientos, comarcas, diputaciones, gobiernos autonómicos, Senado- etc. Y en ello andamos. Reconocido el error, se intenta corregir. Mediante enmiendas y modificaciones presupuestarias al Presupuesto del 2016, aprobado recientemente, se habilitó una solución al gran problema financiero que afecta a la línea de flotación del medio rural aragonés, y del que dependen los servicios de 582.138 personas que habitamos en las 32 comarcas. Soluciones provisionales que no solucionan el problema de raíz pero que, al menos, libran la situación crítica en la que nos encontramos a día de hoy. Sin embargo, el pasado lunes, en el primer trámite y durante la comisión de Hacienda de las Cortes, el veto de PP y Podemos --con su voto en contra-- bloqueó la modificación presupuestaria de los 8,8 millones de euros procedentes del cuarto trimestre del 2015 que se nos adeuda y que nos impide hacer frente a los pagos derivados del año pasado. La mayoría, de carácter social.

Cuando se anunció el recorte, PSOE, PP y PAR salimos a defender el presupuesto. Sin embargo, ahora el PP calla, pierde la memoria y no reclama lo que antes sí era de "justicia". Señores, un poco de coherencia y responsabilidad, que las necesidades siguen siendo las mismas. Que errar es de todos, pero corregir es de sabios. Señores diputados: Antonio Suarez y Héctor Vicente, los dos de capital y con todo el respeto, creemos que no es necesario recordarles que en el ejercicio responsable de su función, como representantes del pueblo, su obligación es conocer bien todo el territorio, estudiar sus necesidades, buscar soluciones y pensar en las consecuencias que van a causar con su voto. Y si no lo hacen, al menos, deberían abstenerse y no ser los provocadores de la destrucción de los servicios en el medio rural. ¿O es que acaso quienes habitan en él tienen menos derecho a poder disfrutar de ellos al mismo nivel que quien lo hace en la capital?

La liquidez del Gobierno de Aragón es un problema de todos los aragoneses, no solo del partido que gobierna, pues quienes gobernaron anteriormente también tienen su responsabilidad. Si se ha actuado bien hasta ahora o no, lo veremos cuando abramos el melón. Pero si nos tiramos los platos rotos antes- ¿Dónde lo serviremos? Lamentablemente, lo habrán roto junto con los platos.