Podemos no se fía de que el dinero que el Gobierno quiere transferir a las comarcas, unos 8,8 millones, se destinen a la prestación de servicios. Así se lo expuso el portavoz de la formación, Héctor Vicente, al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, al que propuso dotar económicamente el llamado fondo social comarcal para garantizar que el dinero no se dedica a otras cuestiones.
Gimeno recogió el guante lanzado por Podemos, y dijo estar dispuesto a estudiar la propuesta. "Me parece interesante", dijo. Ambas formaciones deberán encontrar una salida para poder dotar a las comarcas con los fondos que precisan para prestar sus competencias y pagar al personal con el que cuentan. La solución, sin embargo, no parece cercana. El Consejo de Gobierno estudiará hoy mismo alternativas. El Ejecutivo se comprometió a pagar los 8,8 millones que se retuvieron en el 2015, pero el bloqueo de las Cortes imposibilita cumplir con la palabra dada por el consejero de Hacienda, de momento. Gimeno no precisó qué alternativas baraja. Se limitó a decir que la "imaginación es amplia".
Recordó, en todo caso, que el objetivo de la modificación presupuestaria que se rechazó hace una semana para ampliar en 8,8 millones los fondos destinados a estos entes locales persigue atender sus necesidades y cumplir el compromiso del Gobierno con el Consejo Comarcal. Aunque negó que se deba a la retención practicada por el Ejecutivo, casualmente por esta misma cantidad, a finales del pasado ejercicio y que afectó en su integridad a estas instituciones.
MUCHAS DUDAS
No convenció a casi nadie. El diputado de Podemos, Héctor Vicente, que solicitó la comparecencia del consejero, subrayó que esos 8,8 millones de euros se adeudan a las comarcas del último trimestre del 2015 porque el Gobierno decidió emplear ese dinero "en otros menesteres". Concretamente, para pagar las nóminas que el PP dejó pendientes.
El diputado criticó que se presentara la modificación presupuestaria para revertir el recorte a las comarcas en el presupuesto de este año cuando lo que se intentaba era "meter a martillazos" esa deuda pendiente, e insistió en que Podemos votó en contra de esa ampliación de crédito porque más de la mitad era a costa de "flagrantes recortes" en gasto social y su grupo no acepta ese "chantaje".
Vicente reconoció, sin embargo, la necesidad de realizar una transferencia del dinero de la modificación presupuestaria para las comarcas, a través de un "reglamento". "Se garantiza que el dinero va destinado a los servicios sociales de las comarcas, ya que de otra manera no sería finalista". No explicó de dónde debería salir ese dinero, aunque señaló que existen partidas, y hay margen de maniobra, para encontrar los fondos necesarios sin necesidad de recortar en gasto social.
El diputado popular, Antonio Suárez, culpó al presidente de Aragón, Javier Lambán, de la situación inédita que está atravesando la prestación de los servicios en las comarcas. "Siempre ha sido enemigo de las prestaciones comarcales de los servicios y no se atreve a afrontar este asunto mirando cara a cara a las comarcas a las que quiere matar de inanición", dijo. Según los cálculos del conservador, con respecto al presupuesto del 2015 siguen faltando 6,4 millones de euros, lo que terminará yendo, en su opinión, en detrimento de la prestación de las compentencias de estas instituciones. El PAR criticó las "medias verdades" que Gimeno "siempre traslada a los grupos parlamentarios", según la portavoz del grupo, Elena Allué. Le exigió ser "más riguroso". Como ejemplo, la diputada aragonesista explicó que a los 6,4 millones, se le suma la retención de 2,4, lo que da un total de 8,8 millones, que es la modificación que propone el consejero.
