El presidente del tribunal que juzga el caso La Muela, Javier Cantero, bromeaba ayer con que el descanso (el juicio se retomó tras dos semanas) le había sentado bien a la fiscala Esponera. Ciertamente, ayer desarrolló la panorámica de la trama con gran seguridad.

Lo enmarcó todo en la corrupción, "tan vieja como el poder, como el amiguismo". Y atribuyó a la exalcaldesa Pinilla que rigiera su pueblo con el lema de "porque yo lo digo". También que enmascarara sus decisiones con documentos técnicos que "casualmente" apoyaban sus deseos, "como las tasaciones con las hipotecas".

La síntesis del caso no ha variado mucho, salvo por los cuatro encartados a los que se retiró la acusación. En cuanto a las tramas que ayer repasó la Fiscalía, la primera sigue siendo la relativa a la dolce vita del clan Embarba-Pinilla: coches de lujo, viajes y negocios pagados por Julián de Miguel, gestor del desarrollo urbanístico de La Muela a través de su empresa, Aranade.

La fiscala recordó que la contratación fue sin publicidad y sin acuerdo del consejo de administración de la Sociedad Urbanística de La Muela (SULM). Un acuerdo firmado en 1997, luego ampliado, "ilegal e injusto".

El propio gestor de Aranade reconoció las "dádivas" a los Embarba-Pinilla (que, salvo ella, admitieron el blanqueo de capitales). En total, resumió, 3,4 millones sin justificar en las cuentas de Pinilla, más 2,8 millones de ellos en metálico reconocidos.

Esponera involucró igualmente en esta red a Alberto Lozano, el director de la sucursal de Cajalón en La Muela. Este no reconoció los hechos, pero la fiscala no ve creíble que no supiera de los ingresos fraccionados (de menos de 3.000 euros, para no hacer saltar las alarmas antiblanqueo). De igual forma afirmó que actuaba "en connivencia con Cajalón", porque "en este momento de locura, tantos ingresos tal vez no disgustaran a las centrales (de las cajas)".

Las dádivas de De Miguel vendrían por los ingresos de gestionar terrenos públicos a precios baratos, y de esto tratan las tramas, de ventas sin subasta pública y sin respetar la necesaria proporción de VPO.

Esto se consiguió, según la fiscala, con informes con precios desviados, a instancias de Pinilla, y elaborados por el arquitecto Francisco Núñez, para simular que no era rentable.

De forma parecida se vendieron tierras a otras empresas, como Ebrogán o Sagain, con intermediación de Carmelo Aured, que cobraba millonarias comisiones, reconoció.

"No puede ser casualidad", insistió Esponera, "que siempre fueran los mismos protagonistas". También lo fueron el arquitecto Núñez y el secretario municipal, Luis Ruiz, que junto a otros socios de Aured (Fernando Lavilla y Modesto Barranco) constituyeron la sociedad Castelnovo, de la que hablan "en plural".

La empresa Sagain, de Iñaki Unsain y con Patxi Aramburu como apoderado, recordó, consiguió un pelotazo al comprar a la SULM a precio por debajo de mercado y revender un terreno que sabían recalificado. Un perjuicio de 1,1 millones para el ayuntamiento (sin contar la venta). "No se trata de que la Administración sea un especulador, pero ha de cuidar el uso social y no favorecer la especulación", razonó la fiscala.

Estos tratos de favor también incluyeron a la empresa Brocover, uno de cuyos líderes, José Carlos Fernández Delgado, lo reconoció. Se contó con Sagain para presionar a la Comisión de Ordenación del Territorio (COT). Aunque Esponera dejó a criterio del tribunal si fue "casualidad" que la aprobación de dos operaciones en el 2008 coincidiera con la llegada al pleno municipal (no se firmó) de un pago, pendiente desde el 2005, a unos parientes de Carlos Martín Rafecas, vicepresidente de la COT.

Entre otros aspectos, Esponera también ve probado que no hubo ninguna "urgencia" que justificara la adjudicación a Nuevas Tecnologías del Agua del servicio de saneamiento. Lo que sí que propició fue que se lograse una subvención del Instituto Aragonés del Agua acreditando obras no realizadas.

Estas se acreditaron con la colaboración del concejal de este servicio, Fernando Barba, y también del de Urbanismo, Juan Carlos Rodrigo Vela, que reconoció su participación en esta y otras corruptelas, como una factura hinchada con un empresario.