La rotunda negativa al acuerdo manifestada en el referendo por la plantilla de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA) parece haber descolocado a todos en el consistorio zaragozano. Porque nadie esperaba que fuera tan contundente. Tras ella, ayer tocaba mirar al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y su respuesta ante semejante revés y esta fue la de anunciar la misma auditoría que prometió hacer hace un mes de las cuentas de la empresa --ahora parece que va en serio--, la de pedir al comité de huelga que suspenda los paros hasta que esta esté terminada y aclare si el margen de mejora en la oferta existe realmente. Y, lo que más afecta al usuario, descartar igual de rotundo aumentar los servicios mínimos.

Así lo explicaron la responsable de Movilidad, Teresa Artigas, y de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, los encargados de la mediación y de dar la cara ayer en el día más difícil para ellos de los 113 de huelga indefinida. "No estamos en una posición de debilidad. Es normal que en una negociación haya propuestas y que puedan ser rechazadas", explicaron.

Y no solo eso, su mirada se torna ahora contra la empresa, que es "la que más debería reflexionar con el referendo y ceder en la negociación". Porque, según Cubero, la votación les da "legitimidad" para rechazar la propuesta lanzada por el consistorio la semana pasada y aceptada por la dirección de AUZSA. Pero que esta asegure que ir más allá de ella no es viable "no es objetivable". Por eso le señala y le anuncia una auditoría. Y a los empleados que aparquen los paros, sin éxito, claro, después de un respaldo tan rotundo al comité.

Aumentar los servicios mínimos es precisamente uno de los tres puntos a debatir en el pleno extraordinario que los cuatro grupos de la oposición (PP, PSOE, Ciudadanos y CHA) solicitaron ayer en el registro, y que ZeC tendrá que convocar antes de 15 días. Para forzarle a que rectifique. Y pese a que este tenía previsto convocarles a una junta de portavoces mañana para analizar "de forma coordinada" medidas a adoptar. Analizarlas "de forma sosegada", añadió Cubero.

Los otros dos puntos incluidos en el orden del día son la asunción de responsabilidades políticas y la búsqueda de alternativas en la mediación para dar con la fórmula, esta vez todos juntos. Dos de los ejes centrales de las críticas que ayer tuvo que soportar ZeC de la oposición.

El portavoz del PP, Jorge Azcón, consideró que es "un escarnio" que los ciudadanos tengan que soportar estos servicios mínimos y acusó al alcalde de no defender sus intereses por no "saber decir basta ya" y por las "falsas expectativas" de haber "prometido la municipalización y ahora darse cuenta de que es imposible", mientras "da bandazos" en la mediación. "El referendo es la forma que han tenido los trabajadores de pedir lo mismo que la oposición: la dimisión de los responsables políticos".

BOFETADA

Una "bofetada al alcalde y a la ciudadanía", lo calificó la socialista Lola Ranera, que mostró su "preocupación" porque se puedan "radicalizar más" las partes después de una actitud del Gobierno municipal que ha sido "osada y negligente" con las expectativas generadas. "Siguen sin saber gestionar el conflicto y dando tumbos, y con los ciudadanos hartos", apostilló.

Desde Ciudadanos, Alberto Casañal, destacó que hay "que tomar cartas en el asunto" en este punto, después de que "Artigas y Cubero hayan fracasado estrepitosamente". Aunque antes de proponer quieren "escuchar sus motivos, o excusas para tapar su fracaso político".

Hasta CHA se anima a pedir que aumenten los servicios mínimos. En su día pensó que entorpecería la negociación, pero tras el referendo se ha dado cuenta de que "hay que velar por el derecho de los ciudadanos a poder desplazarse". Así lo manifestó el nacionalista Carmelo Asensio, quien insistió en que urge bajar el billete y al alcalde a que "baje a un planeta llamado Tierra".