Miguel Ángel Capapé dirige Arico, la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido, que lleva muchos años consagrada, principalmente, a la exhumación de fosas que contienen restos de personas fusiladas por el bando sublevado durante la guerra civil.

--¿En qué momento se encuentra la Ley de Memoria Histórica?

--Está completamente anulada. Sigue vigente desde el punto de vista legal, pero sin dotación económica, con lo que no se cumple.

--Entonces, ¿cómo hace su entidad para llevar a cabo su labor?

--Sencillamente, llevamos cuatro años sin recibir ayudas, de forma que obtenemos el dinero suficiente a base de las aportaciones de los familiares y allegados de las víctimas, algunos particulares interesados en el tema y también de determinados sindicatos y partidos políticos. La gente colabora en la medida de sus posibilidades

--Arico ha realizado importantes exhumaciones, como la del barranco de la Bartolina, en Calatayud. ¿Tienen alguna en marcha ahora mismo?

--Ahora mismo, no. Últimamente estamos colaborando con otras asociaciones, como es el caso de Charata, con la que se realiza hace varios años una búsqueda de represaliados en la cima de las Peñas de Santo Domingo, en el Prepirineo. Y hace poco tuvo lugar la exhumación de Velilla de Jiloca, en la comarca de Calatayud. Recientemente celebramos la entrega de los restos de una persona y el entierro de otra. Una de ellas no pudo ser identificada al no haber muestras de ADN disponibles.

--¿Qué acciones tienen en perspectiva?

--Hay varias en distintos lugares de Aragón: en Ricla, en Luesia, en Pomer... Además, está previsto reanudar los trabajos de Santo Domingo con Charata.

--Arico ha destacado en su lucha por la supresión de los símbolos franquistas que todavía pueden verse en las calles de pueblos y ciudades de Aragón.

--Se ha hecho mucho pero queda también trabajo pendiente. Sin ir más lejos, en Zaragoza todavía hay placas del callejero referidas a episodios y figuras de la guerra civil o a otras tentativas para derrocar al régimen republicano, como el rótulo de la calle del Diez de Agosto o la placa franquista que puede verse en el puente de Santiago. Por no hablar de las placas que existen en las antiguas viviendas de sindicatos en muchos barrios.

--¿Reciben algún tipo de ayuda del Gobierno de Aragón?

--La DGA no nos da nada para exhumaciones. Llevamos esperando una entrevista con Javier Lambán desde octubre y no hemos recibido respuesta. La DGA dice que no va a haber fondos para exhumaciones, que los recursos van a ir a investigación y publicaciones. Se vuelve al programa Amarga memoria. Pensamos que esto es importante, pero las exhumaciones son urgentes. La gente de más edad, la que vivió la guerra, va muriendo y pronto no habrá testigos directos de lo que pasó. Pienso que los homenajes y los monolitos de recuerdo son posteriores y no pueden sustituir a la búsqueda de las víctimas.

--¿Quedan muchas fosas por excavar?

--Muchísimas. En Aragón se han excavado 30 y están documentadas cerca de 600. Muchas de ellas están perdidas irremisiblemente, pues se ha construido encima, pero otras, si no se actúa rápidamente, se perderán también. Y pienso que recuperarlas debería ser una prioridad.

--¿Cuál es la solución?

--El Gobierno tendría que tomar en sus manos la tarea de la exhumación, no dejarla a las asociaciones, pues requiere un esfuerzo ingente y estas realizan su labor en medio de enormes dificultades.