La operación de ayer no es la primera que la Fiscalía Anticorrupción acomete en Aragón. De hecho, suyo fue el oficio por el que, el 19 de octubre del 2007, llegaba a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza la primera denuncia por corrupción urbanística en La Muela.

Un proceso que, aunque ya instruido y a las puertas de la fijación de fecha para el juicio, aún permanece sin cerrar. La UDEF también participó, en el 2009, en los registros en la casa de Pinilla, su hijo y el ayuntamiento que condujeron a las primeras detenciones de la Operación Molinos, entre ellas la de la exalcaldesa. Las cifras de los presuntos fraudes también alcanzan cifras millonarias, aunque deberán determinarse con exactitud en el juicio. Pero la complejidad de la trama, con 45 imputados y 184 presuntos delitos cometidos.

Relacionado con este proceso, y también pendiente de resolución, está el caso Becerril, derivado de unas escuchas telefónicas durante las pesquisas de la anterior que los abogados de los imputados consideran ilícitas. En esta presunta trama relacionada con contratas municipales, la Fiscalía pide cárcel para el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza Antonio Becerril y sus presuntos beneficiarios, los empresarios Carmelo Aured, imputado en la operación Molinos, y Juan Carlos Esteban, dueño de Áridos Pedrola,; estos también serían juzgados por tráfico de influencias.

Otro proceso pendiente y relacionado con presuntas corrupciones urbanísticas es el caso Mallén, en el que el alcalde, Antonio Asín, sus exconcejales Fernando Escusol y José Antonio Gil; los promotores de Agrovalle, José Luis Pérez Lízar y Herbert Kolling; el empleado municipal Pedro Rueda y otras cuatro personas están imputados por exaccciones ilegales, prevaricación, falsedad, cohecho y fraude en subvenciones. En este caso, las cifras se elevarían algo por encima del millón.