La margen izquierda del Ebro en Zaragoza está de enhorabuena. Si el pasado mes de marzo los vecinos de la avenida Cataluña se encontraban con un acuerdo con el Ministerio de Fomento para la cesión del vial al ayuntamiento, ayer la suerte cayó del lado del Picarral. El barrio se topó con el inesperado anuncio del responsable municipal del Urbanismo, Pablo Muñoz, de una posible salida a una reivindicación histórica: el plan Aceralia. Aparcado sine die tras el pronunciamiento del Supremo, que tumbó su reconversión en viviendas y equipamientos por considerar excesivas las 2.800 viviendas que se proyectaban, ahora la solución pasa por dejarlas en 1.998, lo que equivaldría a rebajar las pretensiones de edificabilidad en 302 pisos menos que los 2.300 sobre los que llevan años discutiendo.

Lo último que se conocía de este plan Aceralia era la eterna discusión entre el Gobierno de Aragón y el consistorio zaragozano sobre la justificación que desde la capital se debía dar por las 2.300 viviendas que planteaba, la insuficiente reserva de suelo para las zonas verdes y futuros equipamientos y las reticencias o diferencias con la empresa Saica. Todo un combinado de hándicaps que impedía avanzar.

AHORA LA DGA // Pero ahora la clave para desatascarlo ha resultado ser un convidado con el que nadie contaba antes y que ni siquiera conocía la situación de unos suelos en los que es el propietario mayoritario: la Sareb. El denominado banco malo ha sido la salvación para los vecinos del Picarral, ya que ha accedido a rebajar la edificabilidad después de varias reuniones con el ayuntamiento y la DGA. Al menos eso dijo Muñoz en la comisión municipal de Urbanismo, aunque desde el Gobierno aragonés negaron sus fuentes oficiales haber tomado parte en este asunto. Y puede que sea así, a tenor de la sorpresa que se llevó la concejala de CHA, Leticia Crespo, ante esta «gran noticia».

El acuerdo, en el caso de que se formalice se trasladará al Gobierno aragonés. Al Departamento de Vertebración Territorial que dirige el nacionalista José Luis Soro, al que ahora se le traspasa la patata caliente del plan Aceralia. Porque durante años la DGA ha cuestionado que estuviera justificada la edificabilidad planteada, que ahora es menor, y la proporción de suelo disponible para equipamientos y zonas verdes, porcentaje que crecerá sustancialmente.

Esta decisión de la Sareb podría resolver una complicada carambola para esta pastilla de 15 hectáreas en desuso ubicada entre el Camino de los Molinos, la avenida de Alcalde Caballero y la fábrica de Saica.

Por un lado, esos 1.998 pisos representarían unos 800 menos por los que esta última empresa llevó el plan Aceralia a los tribunales. Lo hizo por considerar que hacer 2.800 viviendas acercaría el uso residencial a sus instalaciones y acabaría traduciéndose en una presión social para forzar su salida de allí, tras las importantes inversiones en la planta. El Supremo acabó dándole la razón.

Además, liberaría al consistorio de un riesgo: cuando se ofreció bajar a 2.300 pisos, el ayuntamiento se exponía a ser demandado por las empresas que aceptaron su traslado a cambio de que sus costes pudieran ser resarcidos con el rendimiento de los pisos. Si no cubrían las expectativas, se poría volver en contra al consistorio. El juez exigía bajar el número de pisos y los firmantes mantenerlo. Pero eso ahora cambia, si lo pide la Sareb.