Ni DUI, ni artículo 155. Ni el plan de Carles Puigdemont, ni el de Mariano Rajoy. En el momento de mayor voltaje político de las achacosas relaciones entre Cataluña y España, la mayoría de los catalanes opinan que la única solución que puede evitar males irreversibles sería la convocatoria de unas elecciones al Parlament. Lo piensan así dos de cada tres ciudadanos entrevistados por el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para este diario, y lo suscriben casi la mitad de los catalanes partidarios de la independencia. El trabajo de campo se ha efectuado esta misma semana, tras el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y mientras trascendían los detalles de cómo aplicará el Gobierno el 155.

El 68,6% de los catalanes abogan por ir a las urnas para intentar resolver el enconado conflicto, frente al 27,4% que rechaza esta idea. Pero entre los secesionistas hay una fuerte división de opiniones: el 48% apoya los comicios y el 47,2% rehúsa esta opción. Obviamente, la fractura se plasma asimismo entre los votantes del PDECat, ERC e incluso, aunque en menor medida, la CUP. El 55% de quienes tienen previsto votar a la antigua CDC quieren elecciones, mientras que el 40,8% se opone. El 51,4% de los votantes republicanos rechazan ir a las urnas, pero un nada desdeñable 43,5% respaldan la convocatoria. Piden comicios hasta uno de cada cuatro electores cupaires. La vía electoral, alentada sobre todo por los sectores moderados del PDECat, es la favorita de los catalanes también cuando al mismo tiempo se les plantean otras dos salidas: declarar de forma inmediata la independencia o renunciar a la DUI y negociar con el Estado. El 36,5% de los sondeados consideran que el president debería convocar elecciones a fin de evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución; el 29,3% declararían ya el Estado catalán; y el 24,8% piden a Puigdemont que deje de lado la DUI y acepte dialogar con el Gobierno central sin líneas rojas.

Por otra parte, los catalanes no han olvidado la impresión de aquella actuación policial. El 83,4% de los consultados lo consideran una respuesta desproporcionada. Según esta encuesta, esta visión es compartida no solo por la práctica totalidad de separatistas (98,4%) sino también por una amplísima mayoría de no independentistas (70,5%).

SIN GARANTÍAS

Solo el 12% de los encuestados coinciden con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en que los agentes actuaron de «modo proporcional y proporcionado»: una tesis que defienden la mayoría de votantes del PP (78,9%) y C’s (57%), pero solo uno de cada cinco del PSC. También hay acuerdo a la hora de considerar que la consulta no tenía suficientes garantías para considerarlo vinculante. De hecho solo un tercio de los sondeados (36,3%) afirma que esas garantías existieron.