Comparten los intereses económicos y demográficos, pero no los políticos. Por este motivo los representantes de Aragón (PSOE), Castilla y León (PP), Galicia (PP) y Asturias (PSOE) firmaron ayer en la ciudad de León una declaración institucional para desbloquear la reforma financiera del estado autonómico. Y tiene que ser «de forma inmediata» para poder garantizar la prestación de servicios «con independencia de su capacidad de generar ingresos tributarios».
El texto cerrado ayer retoma una propuesta similar del pasado mes de diciembre -en la que no participó Aragón- y en la que ya se urgía una mayor aportación de las comunidades más pobladas. Por el momento, el interés de todos los firmantes está en sumar el máximo número de apoyos posibles al considerar que el calendario electoral «podría añadir más incertidumbre a unos acuerdos ya de por sí complejos». El objetivo no parece sencillo si se tienen en cuenta el número de cumbres similares que han precedido a esta declaración.
Engranajes
El presidente de la DGA, Javier Lambán, se mostró «plenamente satisfecho» con las conclusiones del encuentro. «Las comunidades no podemos ser solo un engranaje del Estado y tenemos que ser proactivos», indicó, al considerar que las políticas que se deciden en Madrid tienen «un impacto brutal».
Puso como ejemplo la financiación de los gastos sanitarios. Según los cálculos del departamento, el envejecimiento de la población aragonesa supone un sobrecoste del 10,23% en el gasto farmacéutico por persona en relación con el nacional.
La declaración firmada por los cuatro dirigentes establece que los foros para abordar estos problemas deberían ser la conferencia de presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Es necesario tener en cuenta las particularidades, necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas», evidencian. Pero ponen algunas condiciones que enfrentan a comunidades del mismo signo político.
Aseguran que las necesidades de financiación deberán fijarse atendiendo «a los determinantes de sus necesidades de gasto reales». Así, piden que se tengan en cuenta variables tales como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, entre otros.
Ley de dependencia
Con estos cambios esperan garantizar un equilibrio territorial que está en riesgo a la hora de dotar la ley de dependencia o la financiación del gasto sanitario, para el que piden la creación de nuevos tramos en el reparto de fondos para que se tenga en cuenta la población mayor de 65 años de cada comunidad.
De forma paralela llaman a una «redefinición de la recaudación» de modo que se garantice que a cada territorio se le imputan los recursos que le corresponden. En este sentido creen que debería impulsarse una ordenación sobre unas bases comunes de la regulación de los tributos cedidos (como ya sucede con el IRPF), garantizando «una recaudación homogénea» que sirva como elemento de apoyo a las necesidades de gasto y fomente la corresponsabilidad fiscal.
La declaración firmada entre los cuatro presidentes muestra su rechazo al déficit generado en los años de crisis. El dirigente de Castilla y León, Vicente Herrera (PP), estableció en el volumen de deuda acumulada no se corresponde «con una eventual mejor o peor financiación» relativa asignada por el actual sistema ya que el esfuerzo para contenerla ha sido diferente en cada uno de los casos.
El presidente asturiano, Javier Fernández Fernández (PSOE), evidenció que el debate de la financiación «es complicado» en todos los estados descentralizados y llamó a mejorar los foros de interlocución. «Deberíamos tratar estos asuntos en el Senado en lugar de en los medios de comunicación», expresó.
Por su parte, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), pidió abordar la reforma de forma «útil y sensata» para lograr un desarrollo «cohesionado» que permita que todos los implicados «salgan ganando».
