Como en los últimos cuatro años siendo Gobierno de Zaragoza, el programa electoral de la confluencia de ZeC apunta en la misma dirección que la política fiscal que ha defendido, con medidas orientadas a aumentar la presión fiscal a las grandes empresas haciendo valer el principio de que pague más el que más tiene o más gana. En el IBI, por ejemplo, con un tipo diferenciado a aquellos inmuebles de más valor que se dedican a usos comerciales o terciarios en general. Una intencionalidad política que se traduce en una progresividad trasladable a otros tributos.

Por ello, también defiende revertir la reforma aplicada con los votos de la derecha y el PSOE al impuesto de la plusvalía, que ha supuesto una reducción de 3,5 millones en la recaudación para beneficiar a menos de 200 familias en la ciudad. A su vez, este tipo de políticas también van dirigidas a aminorar el recibo a las rentas más bajas, y en el IBI residencial ya se ha aminorado tanto hasta alcanzar el tipo impositivo más bajo de los que se aplicaban en España.

Defienden la necesidad de incidir en las causas de las desigualdades proponiendo un cambio de modelo económico y consolidar un sistema que sirva para garantizar la cohesión social. En este sentido, apuesta por mantener la línea de ayudas al pago de tributos para las familias en situación de vulnerabilidad o eliminar las exenciones a la Iglesia católica, entre otras medidas.

En cuanto a la gestión económica, apuesta por la transparencia de las cuentas y auditoría de la deuda municipal, así como dar un impulso a la oficina contra el fraude y la corrupción. Otra pata fundamental es la participación ciudadana en la definición del modelo económico y herramientas como los presupuestos participativos para invertir en los barrios con actuaciones que decidan los propios vecinos.