La operación Oikos continuó ayer con las declaraciones en la comisaría de Policía de Huesca de directivos y jugadores de la entidad en calidad de testigos. Por dependencias policiales pasaron a lo largo de la mañana José Antonio Martín Petón, consejero del club y presidente de la Fundación Alcoraz; el director general del club, Josete Ortas, y Leo Franco, que en el momento del Huesca-Nástic investigado era director de relaciones instituicionales de la entidad. Además, comparecieron Gonzalo Melero, Juanjo Camacho y Álex Gallar, mientras que Carlos Akapo también fue citado pero no acudió al estar de baja por lesión.

A la salida de la comisaría y tras comparecer como testigo voluntario en la operación policial, Petón señaló que «la verdad tiene que amparar al club». A las puertas de la comisaría destacó ante los medios que había comparecido voluntariamente para que se esclarezcan los hechos y conseguir que «se aclare y se vea» que el Huesca, como persona jurídica, no tenía responsabilidad alguna en los hechos investigados.

Se mostró convencido de que una vez transcurrida la fase inicial del proceso todo «quedará claro», aunque expresó a renglón seguido su inquietud ante las «barbaridades y locuras» que había oído desde ayer en relación a partidos supuestamente amañados con el Valencia y el Betis. Por esta razón, anunció que el equipo jurídico del club estudiará si las referidas manifestaciones son merecedoras de una «demanda» por parte del club, una vez finalizada la fase inicial del proceso.

A este respecto precisó que una vez superada esta fase de la causa, el Huesca «pasará a la ofensiva para dejar las cosas claras». «Y a ponernos en marcha enseguida -continuó-, porque hay una temporada muy importante por delante y queremos hablar de fútbol y que el Huesca siga como hasta ahora, porque vamos a poder demostrar con absoluta seguridad que el equipo tiene los fundamentos morales para seguir en esa línea».

En el mismo sentido se pronunció minutos después el director general del club, Josete Ortas, quien tras prestar declaración como testigo se mostró convencido de la falta de responsabilidad del club en los hechos investigados. «Desde el club estamos con ganas de que se solucione todo este tema y, sobre todo, de que el nombre de la SD Huesca quede limpio, que es lo que todos queremos. Estoy convencido de que el club no ha tenido nada que ver en todo esto», dijo Ortas.

Por su parte, el representante legal del equipo y miembro de su consejo de administración, Manuel Torres, destacó que la voluntad de club es que los hechos se esclarezcan, «y por eso han comparecido hoy (por ayer) voluntariamente jugadores y directivos». «Espero que se aclare y se vea -añadió- que la Sociedad Deportiva Huesca, como persona jurídica, no tiene responsabilidad alguna en los eventuales hechos que se están ventilando».

TRANQUILIDAD / Aseguró tener la convicción de que de las investigaciones no se derivará responsabilidad alguna para el club porque «en ningún caso se ha incurrido en conductas susceptibles de ser imputadas penalmente». El letrado añadió que la consideración del equipo como persona jurídica investigada en la causa, «no deja de ser una garantía procesal para que la Sociedad Deportiva Huesca pueda tener acceso al sumario».

En relación a las decisiones a adoptar por el consejo de administración del club, destacó que se irán tomando en función de la evolución de las investigaciones y decisiones judiciales. Ninguno de los testigos hizo referencia a la situación procesal del presidente del club, Agustín Lasaosa, ni del jefe médico, Juan Carlos Galindo, en sus manifestaciones en defensa de la falta de responsabilidad del club.

Desde el lunes tanto el presidente, Agustín Lasaosa, como el jefe de los servicios médicos, Juan Carlos Galindo, se encuentran detenidos por la Policía. En el caso del presidente, los agentes registraron primero su domicilio y, posteriormente, le llevaron a las oficinas de la entidad, que también fueron revisadas a fondo. Ambos prestarán hoy declaración y después pasarán a disposición judicial.

En total, el lunes fueron detenidas seis personas, Raúl Bravo como supuesto cabecilla de la organización, Borja Fernández, capitán del Real Valladolid; Carlos Aranda, exjugador de varios equipos, entre ellos el Real Zaragoza; e Íñigo López, jugador del Deportivo de La Coruña y exfutbolista del Huesca. Por el momento se les imputan tres delitos: pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales, aunque la investigación sigue abierta. Los integrantes de la trama obtenían hasta 100.000 euros por cada partido amañado, mientras que los jugadores implicados sacaban entre 10.000 y 20.000 euros por su participación activa y directa.