Asunción, de 26 años, se instaló a vivir en un enorme chalet de la localidad zaragozana de Cadrete, junto a su pareja y sus dos hijos de corta edad, el pasado mes de julio. La casa, situada en medio de un espacio ajardinado de unos 4.000 metros cuadrados, con piscina y pistas deportivas, tiene dueños legítimos, pero ellos entraron de todas formas. El hombre señaló en unas declaraciones a una emisora de televisión que abonó 600 euros por tener derecho a entrar en la vivienda.
«Estamos aquí porque no tenemos donde ir», explica Asunción. «El alquiler social está muy difícil, piden muchas cosas, muchos requisitos», aclara. Ella asegura que han okupado el chalet, de tres plantas y múltiples dependencias, porque van huyendo del coronavirus, en busca de un lugar saludable.
«Antes vivíamos en el centro de Zaragoza», señala. Aquí disponen de luz, pero no de agua, lo que les obliga a efectuar desplazamientos diarios para cargar unos bidones y poder asearse y cocinar. Con todo, Asunción subraya que están bien y que, de hecho, han intentado ponerse en contacto con los propietarios con el fin de alquilarla por vía legal.
Su pareja está en paro y no tienen ingresos fijos, al margen de una ayuda de los servicios sociales, una suma que no les permite pagar un alquiler de forma regular. El jardín que rodea la casa da una imagen de abandono, con malas hierbas y una vegetación seca que lo invade todo. Sus instalaciones, como la piscina, no pueden utilizarse.
En un porche situado en el ala sur de la casa se ve un montón de bolsas de basura, pero no se percibe mal olor.
Los vecinos del inmueble manifiestan que algunos fines de semana llegan otras personas y que se oye un rumor de fiesta y música que se prolonga hasta la madrugada. También ven hogueras y manifiestan que hay riesgo de incendio.
"Son unos profesionales de la ocupación", dicen los propietarios
Alejandro, propietario del chalet de la N-330 okupado, considera que las personas que se han colado en su casa «son unos profesionales de la okupación que lo que buscan es dinero». «Es una forma de extorsión, exigen dinero a cambio de marcharse porque, desgraciadamente, la ley apoya más a los okupas que a los dueños», asegura. «Entran con menores para alargar el desahucio y la verdad es que, cuando ves las dificultades para echarlos, te sientes indefenso», dice.
La actitud de los vecinos es fundamental para prevenir y combatir la ocupación ilegal de viviendas. Pero no todos están en la misma situación. En ocasiones, se trata de familias que viven aisladas y que se sienten desprotegidas. «Tenemos miedo a las represalias si denunciamos», señala el propietario de una parcela que vive junto a una propiedad que ha sido objeto de la entrada de okupas. «Los que había se han marchado de un día para otro al cortarles el agua», señala. Sin embargo, las cosas no parecen mejorar. «Ahora vemos gente desconocida merodeando por los alrededores, como esperando entrar», afirma este propietario. Pero hace unos días vio a un extraño saltando la tapia de la vivienda okupada y llamó a la Guardia Civil.
En cambio, otros residentes de la zona se están organizando con el fin de plantar cara a los okupas en la medida de sus posibilidades. Esto pasa en la urbanización Las Colinas, que ya ha organizado manifestaciones de protesta y que, ayer por la noche mismo, frustró la okupación ilegal de un chalet. «Un grupo de vecinos con linternas salió de sus casas e impidió que unos intrusos entraran en una de las casas», relata una vecina.
Cuando se habla de okupación se piensa en viviendas de Zaragoza y de su extrarradio, en particular las deshabitadas y propiedad de entidades bancarias. Pero en Aragón, indica una letrada experta en desahucios, «cada vez se ocupan más edificaciones aisladas, a menudo casetas o bordas».
«El desahucio puede tardar un año, pero lo peor son los daños causados»
«El desahucio de una propiedad ilegalmente ocupada puede durar, habitualmente, entre seis meses y un año, pero lo peor de todo es que, cuando los okupas son expulsados el propietario se encuentra con un panorama desolador», explica el abogado zaragozano José María Viladés, que ha llevado varios casos relacionados con la usurpación de viviendas.
«Los daños suelen ser enormes, con tabiques tirados, cristales rotos y puertas y ventanas sin marcos», señala el letrado. Además, indica, los okupas «arrancan y se llevan todo lo que pueden». Los ocupantes ilegítimos suelen exhibir, continúa, falsos contratos de alquiler, toscamente realizados, que supuestamente les da derechos sobre la vivienda.
Con ello consiguen dilatar el procedimiento pero no detenerlo, dado que enseguida se detecta que el documento no tiene validez alguna. El proceso de desahucio puede tomar dos vías, una civil (mediante una demanda) y otra penal (a través de una denuncia de usurpación), informa el abogado. Pero él considera que debería haber un cambio en la normativa, de tal forma que la expulsión fuera «inmediata» nada más comprobar que es ilegal.
