¿Dónde está la energía verde? ¿Dónde están los cargadores?”, preguntó Carlos Tavares, consejero delegado de Stellantis hace unos días evento Future of the Car 2022 del Financial Times. El directivo aseguraba que las marcas están listas para poblar el mercado de eléctricos, pero que los demás no están haciendo los deberes. Actualmente, según el Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos, hay 374.000 cargadores para, según la consultora EY, más de tres millones de eléctricos, un cargador por cada 8,71 coches. Pese a la escasez de una red de carga pública adecuada, la Unión Europea ha adelantado la fecha para el fin de la combustión a 2035.

La Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara votó a principios de mayo la revisión del reglamento de emisiones para adelantar la fecha cinco años, decisión que deberá ratificarse en el pleno del Parlamento Europeo en junio. Desde el sector alertan que harán falta medidas públicas adicionales para estar preparados para ese horizonte, herramientas “al mismo nivel de exigencia si se quiere que su cumplimiento sea posible”. Estas medidas deben posibilitar el despliegue de puntos de recarga, con nuevos objetivos “ambiciosos pero vinculantes”.

Pocos y mal repartidos

Los casi 400.000 cargadores públicos repartidos por Europa están dispuestos, además de una forma irregular. Además de ser un número insuficiente, el 66% del total se reparten entre los Países Bajos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido -que tiene el objetivo de adelantar la prohibición de la comercialización de coches de combustión en 2030-. 

En casi todos los países, incluidos los seis citados, las áreas rurales están casi abandonadas y en las ciudades apenas hay cargadores en las áreas residenciales. De los 27 países que integran la Unión Europea, 10 no alcanzan una cuota mínima de un cargador por cada 100 kilómetros de carretera. Por si fuera poco, la mayoría de los cargadores instalados son lentos y solo el 12% del total superan los 22 kW de potencia -los considerados rápidos-.

Según Euroelectric, en 2021 la infraestructura de carga creció un 40%. “Es rápido, pero no lo suficiente”, dicen. “No es un problema todavía, pero lo será en el futuro”, adelantan. Según estimaciones de EY, para el año 2035 habrá 130 millones de coches eléctricos en la carretera, cifra que se disparará a partir de entonces en caso de que se produzca la prohibición y que podría aumentar si, como ha ocurrido, se aceleran las políticas de descarbonización de la movilidad. Para abastecer de una forma eficiente a estos coches, Euroelectric cifra en 65 millones los cargadores necesarios, 56 millones de los cuales deberán instalarse en casas, plazas de parking y en el trabajo, lo que fija un objetivo de nueve millones de cargadores públicos. 

Se buscan 17.400 millones de euros

Con el ritmo actual, advierten desde Euroelectric, será imposible alcanzar esa cifra e instan a los gobiernos a realizar esfuerzos para desplegar una red de carga suficiente e inteligente, ya que conforme crezca la demanda de energía, su gestión será clave para evitar un colapso de la red eléctrica. Hasta ahora, la mayoría de los cargadores han sido instalados por fabricantes de automóviles y empresas energéticas.

De hecho, según un estudio de Allianz Trade, se deberán invertir 17.400 millones de euros para cumplir con las aspiraciones de las normativas europeas. El estudio asegura que los 13.400 millones previstos hasta ahora no serán suficientes con los nuevos objetivos y que se necesitarán 4.000 millones más y advierte que es el momento de abordar este problema, que debe llegar con una mejora de la red eléctrica y una reducción del coste de instalación de los cargadores más rápidos, que pueden alcanzar precios de más de 100.000 euros.

La situación en España

La penetración del vehículo 100% eléctrico en España es todavía muy corta. Según datos de la patronal Anfac, con 2.217 unidades vendidas en abril, apenas suponen un 2,75% del mercado. No obstante, Anfac considera que “la evolución del mercado se está desarrollando más rápidamente que la infraestructura de carga”, afirmación que prueba que la escasez de cargadores en el país es grave y supone una gran barrera para la electromovilidad.

Según sus registros, al cierre de 2021 había 13.411 cargadores públicos en España, de los cuales más de 5.000 se reparten entre Catalunya y la Comunidad de Madrid. Del total, solo 1.606 ofrecen potencias superiores a los 22 kW, por lo que el grueso de la oferta no sirve para viajes largos por ser cargadores lentos, con tiempos de recarga mínimos de tres horas, y únicamente hay 109 de 150 kW o más. Anfac afirma que se instalaron 4.866 puntos en 2021, “un crecimiento cuatro veces inferior al necesario para acompasar el crecimiento del mercado”.

España incluyó en el Plan Moves III una partida destinada a la subvención de hasta el 80% de la instalación de un cargador, porcentaje que se reduce hasta el 60% en el caso de las empresas y entes públicos si se cumplen requisitos como que la potencia sea superior a 50 kW, se instalen en pueblos de menos de 5.000 habitantes y el solicitante sea una pyme, condiciones que dificultan el acceso a la subvención máxima. El plan Moves III está contribuyendo al crecimiento de la infraestructura, pero se queda corto ante el nuevo objetivo marcado por Europa