El malestar profundo del sector primario en Aragón seguirá manifestándose en las calles. Las principales organizaciones agrarias en la comunidad tienen previsto llevar de nuevo sus tractores a las principales vías de comunicación para evidenciar que con los bajos precios actuales y con un reparto injusto de las ayudas europeas el futuro de las explotaciones familiares es tremendamente sombrío. El próximo lunes mantendrán una reunión en la que concretarán su calendario de protestas y previsiblemente convocarán una tractorada para la primera semana de marzo.

La unidad política de las últimas semanas y la repercusión social que están alcanzando sus reivindicaciones no son suficientes para organizaciones agrarias como Uaga, Asaja, UPA o Araga, que creen necesario seguir presionando hasta «tener resultados». La secretaria de organización de Asaja en Zaragoza, Emilia Guillén, destacó que el frente común que ya se está viendo en protestas como las que ayer tuvieron lugar en Valencia o Lérida es positivo para afrontar unos problemas «que costará arreglar».

HOJA DE RUTA

La lista de reivindicaciones que pondrán sobre la mesa son las mismas que ya motivaron la tractorada en la entrada del polígono industrial Plaza de Zaragoza el pasado mes de enero. Un millar de profesionales agrarios secundaron una protesta que se ha contagiado a otros muchos puntos. «La hoja de ruta que se ha marcado desde el Gobierno de España puede ser beneficiosa, pero queremos notar mejoras en la próxima campaña», afirmó el secretario general de UPA, José Manuel Roche.

Las entidades agrarias quieren medidas concretas en dos grandes frentes, según detalló el secretario general de Uaga, José María Alcubierre. Por un lado, ven neceario afrontar mejoras en la ley de la cadena alimentaria. «Tiene que proteger al eslabón más débil», señalan al destacar que no buscan frenar la libre competencia, sino que pretenden evitar abusos. No se puede evitar que en la última campaña a los fruticultores se les ha pagado el melocotón a 0,22 euros por kilo cuando los costes de recogida están en 0,31 euros.

Alcubierre pone como ejemplo las medidas que se han tomado en el ámbito bancario para evitar «abusos» como fueron las cláusulas suelo. «Una mejora supondrá beneficios claros para los productores y los consumidores», destacó. Por el momento, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha emprendido una serie de reuniones con las grandes empresas intermediarias y distribuidoras para pactar un marco regulatorio más propicio. El dirigente acudirá a Zaragoza en los próximos días para visitar la Feria Internacial de Maquinaria Agrícola (FIMA), una cita que se espera caliente por la tensión del sector.

DECISIONES RÁPIDAS

El segundo aspecto sobre el que está plantando batalla el campo aragonés es la reforma de las ayudas europeas de la Política Agraria Común (PAC). Exigen cambios radicales para que favorezca a las familias que realmente suben a los tractores, podan los campos y acuden a las granjas todos los días. «Tiene que ser competitiva, social y profesional», destacó Alcubierre.

El plazo para tomar estas decisiones no es amplio. El mes de agosto el Gobierno de España tiene que presentar ante Bruselas su plan estatal sobre la PAC. Y ahí tiene que figurar, según reclama Roche, una nueva definición de agricultor legítimo, así como una nueva postura sobre los derechos históricos y qué sectores requieren más atención pública. «Son cuestiones que por primera vez se podrán decidir desde aquí», resaltó. Eso permitirá poder dejar de primar a los llamados agricultores de salón, así como a los fondos de inversión.

Por el momento la voluntad de cambios parece evidente. Por indicación directa a todos los territorios del presidente del Gobierno Estatal, Pedro Sánchez, los diputados y senadores socialistas en Aragón mantuvieron ayer un encuentro con los portavoces de las entidades agrarias.

La diputada del PSOE por Zaragoza, Susana Sumelzo, aseguró que el Ejecutivo comparte «todas las reivindicaciones» que están haciendo los agricultores y ganaderos y destacó que se va a trabajar «para intentar ofrecer soluciones» y que se hará en los próximos días «desde la honestidad» y sin «utilizar partidariamente» a los trabajadores del sector.