La crisis agraria en España y Aragón tiene múltiples aristas, pero hay ejemplos que hablan por sí solos. A los precios actuales, un agricultor tendría que invertir lo que le pagan por más de cuatro kilos de melocotones (27 céntimos el kilo, aproximadamente), cinco kilos de manzanas (0,2 euros, incluso menos) o tres de peras (40 céntimos) para costearse un café cortado en un bar, a 1,20 euros. Una comparación que se ha hecho célebre por ilustrar la cada vez más insostenible situación del campo, que ha decidido plantarse, coincidiendo además con la negociación de la Política Agraria Común, en la que a priori pintan bastos para España. Hoy la movilización llega a Zaragoza, que se verá invadida por más de un millar de tractores.

La movilización está logrando cuanto menos hacer a la sociedad, sobre todo la urbanita, más consciente de un problema que no tendría por qué apreciar, dado que el precio que paga por los productos no es tan irrisorio. El problema es que este valor crece exponencialmente a través de la cadena de distribución (almacenistas, distribuidores y establecimientos), que multiplican por hasta casi ocho, pero como mínimo duplican, el precio original. La media ronda las cuatro veces.

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No hay más que ver el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elaboran sindicatos como UAGA-COAG. Y eso, señalan fuentes agrarias, que este precio original se calcula a menudo con el producto ya envasado y encarecido, con lo que el agravio para el agricultor es, en realidad, aún mayor.

Ha habido varios factores que han hecho que la situación haya acabado por estallar, indica Óscar Moret, responsable de Fruta del sindicato agrario UAGA. Un sector especialmente perjudicado, ya que quedó fuera de las ayudas en la negociación de la PAC del 2013, donde perdieron la subvención directa. Una situación que se agravó con el veto ruso, con el que perdieron un 30% de su mercado de exportación en el 2014.

A estos mazazos se ha añadido la progresiva degradación de los pagos, según explica Miguel Ángel Gómez, de ARAGA. «Antes había más respecto al productor», explica, pero ahora los pagos se dilatan, en cadena, de forma que «la manzana que cogimos en septiembre no es que no la hayamos cobrado, es que no sabemos cuándo lo haremos, ni a cuánto. Y el almacenista te dice que si no te gusta, se la traerá otro», añade. «Te aplican descuentos y el precio acaba bajando otro 15%», expone.

A esto, y a la total falta de poder del agricultor para fijar precios, intenta poner solución la ley de la cadena alimentaria que el Gobierno ha puesto sobre la mesa. Pero Moret duda de su eficacia porque la actual ya refleja periodos de liquidación y pago, y no se respetan.

El resultado de todo, indica Moret, es que donde antes ya se vendía a pérdidas, superado el ingreso por los costes de producción, ahora «la gente no está perdiendo dinero, está perdiendo patrimonio», hipotecando hasta la vivienda para afrontar la campaña. «Un agricultor se retira y no lo nota nadie, pero aquí (en Fraga) han cerrado centrales, con casos de impagos de dos campañas, 600.000 euros, a un solo agricultor».

«Al final tienes que vender un millón de kilos para darte vida. En una frutería, con 60 kilos al día basta», lamenta Gómez.

INVERSIÓN PÚBLICA

El secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper, emarca todo el problema en el «insulto» que supone la inversión pública, «con todos los gobiernos». Pone como ejemplo que de los 6.500 millones de euros de presupuesto de Aragón, apenas 30 se acaban ejecutando en Desarrollo Rural, y esto contempla además industria y otros asuntos. Por no hablar de las reducciones en ayudas autonómicas, nacionales y europeas. Entre las tres, de los 1.075 millones de euros para Aragón para el periodo 2007/2013 se pasó a 730 en el 2014/2020, y se baraja que se reduzca a 500.

Samper señala además que la propuesta ley de la cadena alimentaria será «papel mojado» si no se aplica una mediación, que ya se podría implementar y no se hace, para fijar los precios. «No se puede intervenir por no vulnerar la competencia, pero la subida del Salario Mínimo Interprofesional protege al empleado, lo que nos parece bien». Pero incide en que este coste para el empleador se blinda, pero sus ingresos no.