Centenares de tractores y miles de personas invadieron pacíficamente las calles de Lérida, Valencia y otras ciudades de España para responder a la llamada de las organizaciones agrarias como UAGA, Asaja y COAG; de las patronales del sector y de buena parte de los alcaldes de las zonas rurales afectadas. La reivindicación en todas las protestas era unánime: lograr un mejor trato para el campo y para los campesinos. El campo aragonés también está levantado y ya ha anunciado movilizaciones similares en los próximos días, aunque ayer muchos oscenses ya estuvieron en Lérida.
El trabajo rural se ha vuelto insostenible para muchos, hasta el punto de llegar a una situación límite. En la producción vegetal y animal, España presenta muchas diferencias entre comunidades, pero hay un alto predominio, sobre todo en Aragón, de la explotación familiar, que se resiente de la cada vez más menguante rentabilidad. Las diferencias de precios entre los dos polos son escandalosas y se deben a la intervención de intermediarios y, principalmente, de unas pocas empresas que controlan la cadena agroalimentaria y la gran distribución. La renta agraria ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años hasta desembocar en este grito urgente que no solo se produce por la bajada en picado de los precios sino también por prácticas permitidas pero dudosas como la venta a pérdidas (vender más barato que el coste) de las grandes superficies, la irrupción de una competencia desleal procedente de países no comunitarios o los aranceles implantados por Estados Unidos. Los agricultores reclaman un trato equitativo y justo, con una reforma de la ley de la cadena alimentaria, una retribución mínima de los productos, ayudas económicas y fiscales o ampliación de los fondos de seguros. La agricultura produce bienes indispensables y mantiene el paisaje y gestiona el territorio. Perder este equilibrio sería una catástrofe para todos.
