Los propietarios de un centenar de fincas agrícolas en la provincia de Zaragoza se van a encontrar hoy con una denuncia ante la Inspección de Trabajo por incumplir el pago del salario mínimo del sector del campo con sus trabajadores. Los sindicatos CCOO y UGT anunciaron que van a presentar estas demandas (114 en una primera tanda) para evitar que los más precarios en el trabajo del campo «sean el bote salvavidas del mismo».
La secretaria general de la federación de industria y agro de CCOO, Ana Sánchez, adelanta que están «dispuestos a afrontar la próximas campaña del 2020 con la firme decisión de que se cumpla el salario mínimo interprofesional». Esta remesa de denuncias, que se extenderá a más fincas de la provincia de Zaragoza y también de Huesca y Teruel coincide con la ruptura de las negociaciones con los sindicatos agrarios para la aprobación de un nuevo convenio colectivo.
«En algunas partes de España se han alcanzado acuerdos, pero ahora se está culpando al aumento de los salarios de la falta de viabilidad del sector», lamenta la responsable de CCOO al tiempo que señala las dificultades que han tenido para acceder a algunas de las explotaciones frutícolas inspeccionadas.
La intención de CCOO y UGT a la hora de cerrar un convenio autonómico (en Zaragoza se ha roto el diálogo, en Huesca está paralizado y en Teruel no se ha comenzado a discutir) es que la cuantía del salario de los temporeros se redacte «en los términos admitidos» por la Inspección de Trabajo. Es decir, quieren que el cálculo de los 13.300 euros anuales se haga dividido por las horas pactadas en cada convenio y no por las horas del Estatuto de los Trabajadores.
«Las grandes fincas ya han comenzado a pagar a sus temporeros los 7,15 euros la hora que solicitamos, por eso hemos decidido denunciar a los que pagan 6,9 la hora, o menos, pues hasta ahora los empresarios han estado decidiendo los salarios de forma unilateral», explica Sánchez.
Este enfrentamiento entre los sindicatos de clase y representantes de los agricultores como UAGA se produce en una semana de movilizaciones en el sector. «Defendemos la reivindicaciones del trabajo en el campo siempre que se cumpla la ley», dicen.
Por su parte, los sindicatos agrarios están en desacuerdo. «Las amenazas en las negociaciones no son buenas», replican desde UAGA ante el anuncio de una campaña de denuncias contra los empresarios fruticultores que no abonan el salario mínimo interprofesional a sus temporeros. La decisión de CCOO y UGT llega en un momento de ruptura en el diálogo para aprobar un convenio sectorial en la provincia de Zaragoza. «No demuestran empatía contra el eslabón más débil de la cadena», explica el responsable de UAGA, José María Alcubierre.
Los sindicatos agrarios han comenzado esta semana una serie de movilizaciones en todo el Estado para cargar contra los intermediarios que ponen en riesgo el futuro del sector por la bajada de los precios de la fruta. Además, reclaman mejorar el reparto de las ayudas de la PAC y medidas para evitar el perjuicio que provocan los aranceles comerciales o el veto ruso.
Desde UAGA creen que CCOO y UGT han aprovechado esta circunstancia para «atacar a un sector débil y difuminado» en lugar de «hacerse los valientes con General Motors [actualmente PSA]» al saber que los agricultores no se pueden deslocalizar.
