Con el panorama social actual, y a falta del previsible agravamiento de la situación económica por el coronavirus, que ya comienza a notarse, Aragón cuenta con 1.300 familias en espera de un alquiler social. Y esto contando solo con las que ya tienen una resolución favorable por parte del Gobierno autonómico, no las solicitantes o las que tendrán que serlo en los próximos meses. Para colmo de males, la DGA solo dispone en la actualidad de 40 viviendas disponibles para la comunidad, y no son para este colectivo, sino para dar la alternativa habitacional que marca la legislación a las familias que sean desahuciadas.
«Estas 40 viviendas las acabaremos llenando», asume la directora general de Vivienda de la DGA, Verónica Villagrasa, «porque desahucios sigue habiendo. Aunque últimamente haya más de segundas residencias, también hay de primeras, y aunque hubiese una moratoria de seis meses en los desalojos, estos vuelven», admite la responsable del área.
Más de 700 propias
El Gobierno de Aragón tiene un parque propio de 380 viviendas entre alquiladas y cedidas, y otras 323 arrendadas en alquiler social, a las que se suman estas 40 que, por ahora, están libres pero reservadas para este uso. Todo esto con la nueva Ley de Vivienda, pendiente en la última legislatura pese a haber superado algún escollo en forma de recurso del Gobierno central. No quedó afectada la posibilidad de embargar casas vacías de grandes tenedores, como inmobiliarias, la Sareb o particulares con grandes propiedades, pero su aplicación efectiva no parece terminar de llegar nunca.
Los pasos más inmediatos del Ejecutivo autonómico para remediar esta situación pasarán por una «campaña de captación» de vivienda vacía que permita al Gobierno aumentar el parque disponible con cierta garantía para el arrendador, aunque estas iniciativas no acaban de tener el resultado deseado.
En paralelo, el Gobierno de Aragón baraja varias alternativas, como el fomento de la promoción pública de vivienda, con algunos avances ya en Huesca. Esto, según los defensores de la iniciativa, permitiría no solo aumentar el parque sino intervenir en la burbuja de los precios del alquiler. Así lo defendía el consejero José Luis Soro el año pasado, en una de sus primeras intervenciones en las Cortes tras renovar el cargo, anunciando un plan «ambicioso» de construcción pública del que poco más se ha concretado, antes y después de que la pandemia del coronavirus lo paralizase todo.
Asequible o social
Además de estas actuaciones, Villagrasa incidía en otra línea de trabajo relacionada con las mencionadas, como es la distinción del alquiler «asequible» y el social. Unos términos que a menudo se confunden, pero que no tienen las mismas necesidades. El social, recordaba, implica una atención «integral» a las familias, no solo desde Vivienda sino desde Servicios Sociales y otros organismos públicos. Mientras, el asequible es simplemente la posibilidad de acceder a un alquiler que no se lleve más del 30% de los ingresos, para gente que no esté en disposición de acceder al mercado libre en las actuales condiciones, como puedan ser estudiantes o parejas jóvenes, pero que sean perfectamente capaces de asumir un coste razonable.
A estos colectivos van destinadas además las ayudas de alquiler de vivienda que, tras importantes retrasos en ejercicios anteriores, se vieron reforzadas con motivo de la pandemia, para personas que hayan visto agravada su situación económica por la pandemia. Las ayudas pueden solicitarse hasta el próximo 30 de septiembre y se esperaba que pudieran llegar, con importes de entre 300 y 600 euros, a 1.700 familias.
