Más de 1.800 familias aragonesas ya son perceptoras del ingreso mínimo

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA, María Victoria Broto, ha ofrecido este dato durante su comparecencia en la comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes solicitada por el PP para que despejara las dudas surgidas durante estos días, como si serán los ayuntamientos los que se encarguen de su tramitación y cómo se reformulará el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). La consejera ha dejado claro que todos aquellos usuarios del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) que cumplan con los requisitos para percibir el IMV dejarán de recibir la prestación autonómica para ingresar la nacional. Esto no significa que vaya a desaparecer el IAI porque se mantendrá, aunque aún no se sabe en qué condiciones, para llegar a aquellos colectivos que no cubre el ingreso mínimo. Actualmente el IAI llega a 7.542 unidades familiares y 18.895 personas. Broto ha explicado que quieren que se produzca un «reconocimiento en bloque» aunque está por ver cómo llevaran a cabo esa coordinación entre ambas prestaciones.

Que los usuarios del IAI pasen a recibir el IMV afectará a la partida destinada al ingreso aragonés que debería adaptarse a las necesidades. Nada ha dicho al respecto Broto, pese a ser preguntada por la popular Marian Oros, que se ha mostrado muy crítica con la decisión del Gobierno de Sánchez de excluir a las comunidades autónomas de la gestión del ingreso mínimo pero no a los ayuntamientos. «Se van a colapsar», ha asegurado, como también sucederá con el instituto de la seguridad social, ha advertido, por la falta de personal. También ha alertado de esta «carga de trabajo» extra Esther Peirat, del PAR. En este sentido, Broto ha recordado que el consistorio tiene firmado un convenio con la DGA que le dota de recursos para gestionar el IAI.

La consejera ha explicado que se va a impulsar un servicio de inclusión social y laboral, dado que el IMV no lo garantiza. Lo ha anunciado tras las criticas de PP y Vox que coincidieron en la idea de que la prestación contribuirá a fomentar la economía sumergida. «No pueden demonizar las prestaciones porque no son sinónimo de fraude. Lo que hacen es tratar de garantizar la cohesión social», les ha respondido la diputada de CHA, Carmen Martínez Romances, que ha dicho que vivir con 462 euros al mes «no es ningún chollo».

Desde IU, Álvaro Sanz ha manifestado la importancia de que la gestión del IMV sea directa para fortalecer las redes sociales existentes y Erika Sanz, de Podemos, ha incidido en la necesidad de «caminar hacia la renta básica» y ha defendido «el fortalecimiento de los servicios públicos». Por su parte, la diputada de Cs Loreto Camañes ha asegurado que esta prestación «marcará un antes y un después».

Malestar por la decisión de Sánchez de excluir a Aragón de la gestión directa

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA, Mariví Broto, no ha titubeado a la hora de valorar la decisión de Pedro Sánchez de permitir a País Vasco y Navarra la gestión directa del ingreso mínimo vital y no al resto de comunidades. «No es lógico que haya unas comunidades que lo hagan y otras no», ha dicho para pasar a admitir que «me ha dolido el argumento utilizado de que hay comunidades que saben gestionar bien las rentas y otras que no». Esta decisión ha sido duramente criticada por todos los grupos de la cámara, que durante la comparecencia de la consejera a petición del PP han querido manifestar su malestar. Pese a ello, Broto quiso dar una imagen de unidad con el Gobierno de España. «La relación con el Ministerio ha sido constante. Hemos tenido reuniones bilaterales frecuentes y hemos tratado tanto desde el punto de vista jurídico como técnico llegar a acuerdos», ha explicdo Broto. Sin embargo, son muchas las lagunas que quedan, como si serán los ayuntamientos los que se encarguen de gestionar la prestación o serán las oficinas de la seguridad social las que lo harán una vez que abran. Por ahora solo puede tramitarse a través de internet.